Los interventores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entregaron este lunes a la Justicia unas 500 fichas que darían cuenta del espionaje ilegal a periodistas, dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios, ejecutado por dicho organismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

La presentación se hizo en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, ante la fiscal Paloma Ochoa, a quien el juez Marcelo Martínez De Giorgi delegó la investigación, informó Télam.

Espionaje ilegal: qué decían los informes de la AFI sobre los periodistas

Se trata de la denuncia presentada el viernes último por la interventora del organismo, Cristina Caamaño, contra el ex presidente Macri; el ex director general de la AFI Gustavo Arribas y la ex subdirectora Silvina Majdalani, además de los agentes identificados como autores de esos informes, cuya identidad se mantiene en reserva.

Dicha denuncia apunta a la "producción de inteligencia ilegal" y se presentó tras el hallazgo de casi 500 fichas con información sobre postulantes para asistir al encuentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se celebró en diciembre de 2017, en Buenos Aires, y el G20, foro intercontinental de 20 países industrializados y emergentes, realizado en la misma ciudad un año después.

La información refiere al espionaje realizado contra 403 periodistas y otras 87 personas de "distintos organismos de la sociedad civil, con datos relevantes de fuentes, ya sean públicas como privadas, en el marco de los procesos de acreditación para las reuniones de la Cumbre del G-20 y de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC", explicaron desde el organismo.

La documentación aportada incluye también informes de inteligencia sobre actividades de organizaciones "que planteaban objeciones a los eventos internacionales", como el Transnational Institute, el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

La denuncia apunta a la violación de la Ley de Inteligencia, que prohíbe "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".

Querellantes

Una de las personas señaladas como espiadas por la AFI es Beatriz Busaniche, la presidenta de la Fundación Vía Libre.

En diálogo con Canal 10 indicó que, según la información que ha obtenido de parte de los periodistas que accedieron a la investigación, la ficha elaborada a su nombre contiene información personal muy sensible.

"No son cosas de interés público, ni de dominio público. Tienen datos vinculados a mi actividad bancaria, a personas que han sido cotitulares de cuentas, números de teléfono de mi familia, de mis vecinos, domicilios... Aparece mencionada mi madre. Un perfil que indica que esto no sólo ha sido inteligencia de fuente abierta, que tampoco está permitida", señaló.

Busaniche aseguró que la confirmación de acciones de espionaje contra particulares no constituye novedad, dados los antecedentes de la gestión de Cambiemos en la materia.

"De hecho hay una causa judicial, que está llevando el CELS, que está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con el acceso a la información de las personas puestas en listas negras de ingreso. Se impidió el ingreso a 64 personas de ONG´s de todo el mundo, con el consiguiente conflicto diplomático", evocó.

En ese marco salió al cruce de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había asegurado que las prácticas se habían ajustado protocolos de rigurosa aplicación en eventos como los mencionados.

"Esta práctica no tiene nada que ver con protocolos estandarizados. Lo que hizo la AFI está prohibido por la Ley de Inteligencia, por lo que esperamos que la Justicia investigue en profundidad", remarcó.

En ese marco, anticipó que la Fundación Vía Libre y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se constituirán en querellantes en la causa abierta.

"Dado que somos víctimas de este espionaje muy probablemente nos sumemos a la causa", sentenció.

Más casos. En declaraciones a un programa del Canal América, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich deslizó que las prácticas de espionaje realizadas en su gestión fueron miles. "Van a salir 15 mil personas más en cualquier momento", sostuvo.