Ayer se conocieron las declaraciones de Julian Cook, fundador de Flybondi, quien anunció que abandonará el país por estar disconforme con el regreso de un gobierno justicialista y calificó al peronismo como “un cáncer que destruye a la Argentina”.

Tras el exabrupto, la propia compañía le exigió la renuncia y se despegó de las polémicas declaraciones que volvieron a poner en el centro de la información a una empresa que recibió cuestionamientos por sus métodos de trabajo, los beneficios que recibió y sus presuntos vínculos con funcionarios de la administración nacional.

FlyBondi forma parte del grupo de empresas aéreas denominadas “low cost” o de bajo costo que se instalaron en el país durante los últimos años por el impulso que recibieron por parte del gobierno nacional saliente junto a junto a Andes, American Jet, Alas del Sur, Avianca y Norwegian.

En el caso particular de FlyBondi, ganó decenas de las rutas aéreas más rentables e incluso consiguió que se construya un aeropuerto, mientras la empresa aún no tenía aviones suficientes para prestar esos servicios y contaba con un capital inicial ínfimo.

El ministerio de Transporte, a través de la resolución 408-E publicada en junio de 2017en el Boletín Oficial, autorizó a Flybondi a operar 85 rutas; 43 son de cabotaje y 42, internacionales.

En ese momento, Flybondi no tenía aviones y había presentado problemas de financiamiento. Pero había conseguido la aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para 78 rutas.

La cartera de Transporte otorgó el aval al considerar que la compañía cumplió con una serie de ajustes que debía realizar en la documentación de su expediente.

FlyBondi fue autorizada para operar en la Base Aérea de El Palomar, Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta, Iguazú y Bariloche.

La empresa consiguió incluso que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) bonifique el 70% de la tasa de embarque que la firma Aeropuertos 2000 cobra en el aeropuerto El Palomar junto al boleto de cada avión.

Advertencias gremiales

Azafatas, pilotos y personal de carga se opusieron desde el comienzo de la llegada de estas empresas de bajos costos, por sus políticas empresariales que podrían promover la precarización laboral y afectar las garantías de seguridad de los vuelos.

El grupo de sindicatos que integran APTA (técnicos), APA (personal aeronáutico), UPSA (personal superior), APLA (pilotos) y UALA (pilotos de Austral), advirtieron sobre los millonarios beneficios fiscales y exenciones vigentes de los que gozan las compañias low cost que les permiten competir de mnaera desigual con las empresas tradicionales a partir de los subsidios provinciales y en detrimento de las compañías aeroomerciales nacionales.

En el caso particular de Córdoba por ejemplo, la Provincia permite que Flybondi abone el 50% de la alícuota de Ingresos Brutos sobre la tasa de aviación durante dos años y el 75% para los siguientes tres años. Además, el Gobierno de Córdoba abonó 4.000 pesos por única vez por cada uno de los empleos que Flybondi activó en la provincia y se hizo cargo del equivalente al 20% del sueldo básico que rige para los operarios de la aérea.

Posibles vínculos con el gobierno

El director ejecutivo de Flybondi, Richard Guy Gluzman, fue socio del ex vice jefe de Gabinete Mario Quintana en varias empresas, mientras que otro ejecutivo de la compañia, Gastón Parisier, trabajó junto a Lucas Werthein, asesor del directorio del ORSNA.

A fines de 2016, Guy Gluzman fue contratado como Coordinador de Mejoras Continuas, por Acumar, dependiente del ministerio de Medio Ambiente.

El propio Mauricio Macri fue dueño de otra de las grandes ganadoras “low cost”, McAir Jet. Su venta a la colombiana Avianca es investigada por la Justicia Federal Penal, ante la presunta mezcla de intereses estatales y personales.