El gobernador Juan Schiaretti determinó la salida de Alfonso Mosquera del Ministerio de Seguridad, (cargo que ocupó desde el diciembre del 2019) y realizó una serie de modificaciones en el gabinete con cambios de ubicación de nombres. 

Julián López es el nuevo ministro de seguridad y gobierno. López deja el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cartera que en los últimos tiempos fue cuestionada por constantes protestas de los familiares de personas privadas de la libertad y escándalos por abusos sexuales en la Senaf, (Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia), entre otros. 

VER. Trabajadores de la Senaf denuncian abusos sexuales y violencia institucional

Sin dudas el oficialismo atraviesa uno de los momentos de mayor cuestionamiento, el ultimo y más impactante, las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal, con la imputación del ex ministro de salud, Diego Cardozo. 

Los escándalos que rodearon a la Policía en la gestión de Schiaretti

Blas Correas:

El caso que sacudió a la sociedad de Córdoba y al país. El adolescente de 17 años había salido con sus amigos y terminó asesinado por la Policía el 6 de agosto del 2020 en plena cuarentena obligatoria por el Covid. 

Luego de 2 años comenzó el juicio contra 13 policías, unos acusados de haber cometido el homicidio y los demás, de haber realizado distintas maniobras para ocultarlo.

La lucha de Soledad Laciar, madre de la víctima, se transformó en una causa social que atravesó a otros casos de gatillo fácil en Córdoba. No fue recibida por el gobernador sino mucho tiempo después (casi un año), tras un tratamiento del tema sólo de los mandos medios por parte del oficialismo.

Después del crimen, el gobierno provincial removió a los titulares de la Dirección General de Seguridad Capital. Relevaron al comisario mayor Gustavo Piva y lo reemplazaron por la comisaria mayor Liliana Rita Zárate Belletti, nombrada posteriormente jefa de la fuerza.

Joaquín Paredes:

Otro crimen de un adolescente con balas policiales. Ocurrió después del nombramiento de la nueva cúpula. El joven de 15 años fue asesinado el 25 de octubre de 2020 en la localidad de Paso Viejo, en el norte provincial.

Estaba con un grupo de amigos festejando un cumpleaños cuando efectivos los “dispersaron” de una reunión vaciándoles más de 100 municiones. 

Hay seis policías imputados como coautores del homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por homicidio agravado en grado de tentativa.

El gobernador tampoco habló del tema y sus familiares fueron recibidos sólo por el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López. 

Cecilia Basaldúa:

Otro de los casos que generó impacto a nivel nacional y que tuvo a la Policía fuertemente cuestionada. La joven de 35 años oriunda de Buenos Aires es asesinada en Capilla del Monte en plena cuarentena obligatoria. 

El único acusado por la fiscal Paula Kelm fue Lucas Bustos, un peón de albañil cuya única prueba en su contra fue una confesión en comisaría bajo presuntos apremios ilegales además de no ajustarse a los protocolos y formalidades requeridas. Estuvo dos años en prisión preventiva. 

La familia de la víctima acusaba una “cadena de impunidades” que se vieron en las actuaciones posteriores al crimen, que apuntaban a la policía. 

Tras el juicio Bustos fue absuelto y en los fundamentos la Cámara Criminal Correccional de Villa Dolores, expresó: “Lamentablemente también quedó en evidencia una marcada descoordinación de los efectivos policiales… y, consecuentemente, un palmario desaprovechamiento de esos recursos”. 

Jonathan Romo: 

Un joven muerto a manos de la Policía en La Falda sólo por estar en un brote psicótico. En videos que se difundieron se ve a Romo subirse al auto de una amiga, a quien le pide que lo lleve a la iglesia que “es donde él quería ir realmente”. “Se ve como que pelea con alguien, pero no se ve a nadie”, expresó su hermano en su momento. 

En el registro fílmico se ve los patrulleros de la Policía que intervienen y el accionar de los mismos con una brutal golpiza. Los efectivos están acusados de homicidio agravado por su condición de agentes de seguridad pública y otros por delito de encubrimiento agravado.

Se empezó a cuestionar “la falta de capacitación” del personal de la fuerza ante episodios de salud mental. 

José Ávila:

El vendedor ambulante asesinado el 4 de julio del 2020 en barrio Villa El Libertador. Se trata de otro caso de “gatillo fácil” de la Policía. 

Los efectivos fueron condenados por homicidio calificado por el abuso funcional por encubrimiento agravado. Pertenecen a la división Motocicletas de la Policía de Córdoba. 

Tras la muerte los policías no dieron conocimiento del hecho a sus superiores ni llamaron a una ambulancia.

El fiscal había pedido prisión perpetua pero el tribunal falló a 11 años para el policía que disparó, y tres años para el que encubrió.