En Miami, por el distrito Sur de Florida, inició este miércoles el juicio contra el marino Roberto Guillermo Bravo por su responsabilidad en la Masacre de Trelew, ocurrida en 1972.

El exmarino no solo logró eludir el accionar de la Justicia argentina refugiándose en los Estados Unidos desde 1973, sino que también consiguió que la Justicia estadounidense rechazara el pedido de extradición cursado por autoridades locales en 2010.

Dos años después, Argentina condenó a prisión perpetua a quienes encontró responsables de la Masacre. Pero Bravo había desarrollado su carrera a partir de ser agregado militar en Washington, destino inmediato luego de la Base Almirante Zar y en ese país y logró amasar una fortuna y convertirse en un próspero hombre de negocios merced a su empresa de seguridad, RGB Group, fundada en 1990.

Hasta prestó servicios al Pentágono con una de las firmas que registró en los Estados Unidos luego de obtener su residencia permanente, lo que le aseguró esquivar la extradición.

Lo novedoso y que emparenta al caso -más allá de los hechos luctuosos que se investigan- es que la demanda iniciada por familiares de las víctimas en 2020 es civil y solicita una reparación por los crímenes cometidos.

El Center for Justice Accountability (CJA) -en forma conjunta con los estudios jurídicos Keker, Van Nest & Peters LLP y Markus / Moss PLLP- presentó una demanda civil que logró eludir la traba de la extradición rechazada, con el acompañamiento del CELS. La demanda se basa en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) y busca la rendición de cuentas y reparación.

Con un juez dispuesto a darle un trámite ágil al proceso (cuando se involucra a un jurado popular se trata de acotar el plazo de resolución de un caso), el equipo legal en EE.UU. aspira a desarrollar prueba testimonial y documental del homicidio y tentativa de homicidio de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, y del impacto duradero de estos hechos, incluido el testimonio de familiares y peritos. Se le pedirá a un jurado que halle a Bravo legalmente responsable y que otorgue daños compensatorios y punitivos.

Muchos testimonios recolectados por la Justicia argentina lograron dar cuenta del rol protagónico que tuvo Bravo en las torturas previas y en los fusilamientos a los detenidos. Los sobrevivientes fueron luego desaparecidos por la última dictadura cívico militar.

Fuente: Ámbito Financiero.