El titular del Juzgado de Control N°10, Juan Manuel Fernández López, está definiendo el habeas corpus presentado por el centro vecinal de barrio centro frente a las protestas que se vienen realizando y afecta la actividad de los comerciantes de esa zona y a parte de la ciudadanía de Córdoba. 

El argumento de un grupo de vecinos es el “avasallamiento y las perturbaciones permanentes, irrestrictas e ilegítimas” que provocan las manifestaciones. Vale mencionar que por este tema ya se realizaron dos audiencias en las cuales participaron el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, el secretario de Seguridad, Claudio Stampalija, la jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, y Juan Manuel Aráoz del Tribunal de Faltas junto a Daniel Varizat, asesor letrado. 

Esto abrió el debate entre la lucha de dos derechos constitucionales: el de protesta y el de los comerciantes a que no se vea afectado el ejercicio de su actividad laboral. 

El magistrado dialogó con el programa “Otra Vuelta de Tuerca” de Radio Universidad: “El planteo de un grupo de vecinos es por la afectación de un sin número de derechos constitucionales básicos como circular libremente, ejercer el comercio, usar medios de transporte, lo cual ha sido por la toma del espacio público con carácter permanente. 

Y aclaró: "Quiero descontextualizar a las organizaciones sociales, la toma indebida del espacio público se puede dar por cualquier organización, no es una demanda contra las organizaciones sociales, cabe para cualquier aglomeración de personas que por diferentes motivos puede hacerlo”. 

“Cuando se transforma en algo que no es espontáneo o esporádico, como el festejo de campeonato del mundo que salió toda la gente a la calle, sino cuando es algo organizado, permanente y sistemático; la vulneración se transforma en algo constante” destacó Fernández López. 

Consultado sobre cómo se maneja la conflictividad en una sociedad democrática o si se trata de la criminalización de las protestas, argumentó: “Sólo se criminaliza cuando las personas que enarbolan la protesta o la organizan, incurren en delitos”. 

La jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, reconoció desde el área de inteligencia ya tienen identificados a los “cabecillas” de los movimientos sociales, ya que “ellos mismos hacen alarde de su función”, que “están en condiciones” de hacer inteligencia y que fue a pedido del propio juez de Control. 

Sobre esto, el magistrado aseveró, que en el marco de una audiencia, “se le consultó” a la Policía si pueden investigar sobre quién organiza los cortes y la toma del espacio público y aseguró que es tarea del Ministerio Público Fiscal y de la Policía investigar: “Yo no hablaría de inteligencia. Sin embargo el termino inteligencia es inherente a la tarea de investigación de delitos". 

También se le preguntó cuál sería el “delito previo” que habilitaría la “investigación” en el caso de organizar una marcha y respondió: “Si hay una marcha organizada, ya se sabe qué clase de delitos se podrían dar y se puede actuar preventivamente". 

“Si tres o más personas convergen intencionalmente para cortar una arteria principal, están incurriendo en la comisión del articulo 194, por ejemplo la interrupción del transporte terrestre o si se instalan en la puerta de edificios y no permiten el acceso, ingreso o egreso, puede ser una turbación de la posesión. Pueden ser un sinnúmero de infracciones penales y contravencionales”, sostuvo. 

El habeas corpus está todavía en tramite. Sin embargo aseguró que los vallados y acciones que ha llevado recientemente tanto el Ministerio Público Fiscal como la Policía, ha sido por “iniciativa propia” y que “el juzgado en eso no tienen injerencia”. 

"Se está diligenciando prueba y viendo el impacto que esto tiene a nivel urbano. Lo que estamos evaluando es si el habeas corpus tiene legitimidad o no", destacó. 

Con un panorama social y económico complejo como el que transitan la Argentina y Córdoba, y ante la posibilidad que se den más reclamos de otros sectores de la población, dijo: “Pecaría de ambicioso si dijera que esta causa pondrá solución a los conflictos de base, sólo puedo intervenir en lo que se somete a mi conocimiento”. 

“De hacer paro a cortar una calle hay una distancia astronómica”, sentenció.