Las fábricas cordobesas de respiradores que sólo producen para el Estado
Dos empresas fueron impedidas de comercializar y entregar equipos sin la autorización del Ministerio de Salud de la Nación. Hoy, trabajan a full.
Que el proceso inédito que demanda la pandemia de coronavirus a nivel ecuménico es inimaginable, no quedan dudas. Y en el medio, las autoridades sanitarias buscan las soluciones para equirar los recursos en un país tan amplio y diverso.
En ese camino se puede entender la decisión del Ministerio de Salud de la Nación, de prohibir "comercializar o entregar equipamiento a destinatario alguno", sin su previa intervención, a dos fábricas cordobesas de respiradores artificiales. Sin embargo, siguen trabajando en las mismas condiciones.
Eran visibles sus tradicionales cajas en Aeroparque, donde el propio Ginés González García supervisaba un vuelo con la entrega de equipamiento particularmente a provincias del norte del país.
Una de ellas es Tecme, la principal a nivel nacional, con su producto de marca Neumovent, que ya había decidido vender sólo a nivel local, multiplicando ampliamente su producción.
Su principal planta, ubicada en el área industrial de la ciudad de Córdoba, tiene 4.700 metros cuadrados, además de oficinas en Buenos Aires y otra planta en Atlanta, desde donde exporta. Desde Estados Unidos, Patricio Keegan, gerente de Marketing, dijo que "acatamos la medida" pero "estamos analizando con nuestros abogados el alcance de este pedido oficial".
La idea que sostuvo González García es que "la única forma de distribuir con equidad un recurso escaso es que lo manejemos centralizadamente”, pero ya hubo quejas por un pedido de 100 respiradores que la firma debía entregar al gobierno de Mendoza, pero fue detenido. "Queremos -dijo el funcionario- que estén donde hagan falta”.
La otra empresa del rubro que sigue "trabajando a full" y que se encuentra en condiciones similares es Leistung, que hoy destina toda su producción en los modelos destinados a terapias intensivas.
De origen cordobés, tiene una planta también Brasil. Silvina Grasso, su gerente general, le dijo a Infobae que "no creo que sea una intervención", consideró que "está bien que los distribuya el Estado", pero pidió "que nos paguen porque sino, nos fundimos".