Las familias de las víctimas, atravesadas por el dolor y la lucha

Soledad Laciar, Claudio Mazzina, Soledad Paredes, Viviana Alegre, Eugenia Vazquez, Miriam Medina, Luis Ávila, son muy posiblemente nombres desconocidos. Entre otras cosas porque su identidad se quebró cuando mataron a sus familiares y se convirtieron en la mamá de Blas, el papá de Yamil, la madre de Joaquín, la mamá de Facundo o de Sebastián, la hermana de Andrea, el papá de José. Así se presentaron en el conversatorio organizado por la Mesa de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, porque sus seres queridos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad y siguen luchando para que se esclarezcan los hechos, para que sea verdad el juicio y el castigo y para contribuir desde su dolor individual a la indispensable transformación de las instituciones.

Fue un 8 de mayo, de 1987, cuando se produjo la Masacre de Budge, el asesinato de los jóvenes Oscar Arades, Roberto Argañaraz y Agustín Olivera por parte de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Los familiares y vecinos de las víctimas, tan doloridos como indignados, se organizaron frente a la poderosa Bonaerense para que los crímenes no quedaran impunes. La ejecución de estos pibes hizo que se popularizara en todo el país la expresión “gatillo fácil” para identificar los asesinatos cometido por las fuerzas de seguridad. Muchos años después y dado que este tipo de crímenes no cesaron, el hartazgo de la sociedad movilizada logró que en el 2013 se aprobara la Ley Nacional 26.811 que en su artículo 1º dice:

Institúyese el 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional” con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos

Pero la situación no cambió. Según una investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y el Conicet, desde el retorno a la democracia hasta el año 2019 fueron asesinadas en Córdoba 463 personas, la inmensa mayoría de ellas jóvenes, a manos de la violencia criminal de personal de las fuerzas de seguridad.

Mónica Piñeiro y Mary Luque fueron las encargadas de abrir la actividad virtual que tuvo lugar el pasado viernes e hicieron referencia a la actuación de la policía y demás fuerzas de seguridad, con métodos heredados de la dictadura e incompatibles con el sistema democrático. “Todos sabemos dónde tenemos el dolor”, dijo Mónica citando la canción del Indio Solari, para rápidamente dar paso a los testimonios de las madres, padres y hermanas presentes en el conversatorio.

“Cuenten su historia como si no supiéramos nada”, solicitó Mary Luque. Y efectivamente el horror de cada relato fue estremecedor, como si se contara y escuchara por primera vez.

Los testimonios de las familias

“A Yamil Mazzina lo asesinaron el 7 de noviembre de 2018 en Río Tercero”, dice su papá Claudio Mazzina y recuerda que muchas veces habló con su hijo de lo que pasaba en el país, de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado, “y de pronto nos pasó a nosotros”, recuerda. Pero no se queda en el dolor, relata el calvario de las denuncias infructuosas, del cambio de abogados porque lo asesoraron mal, de la imposibilidad, hasta el día de hoy, de acceder al expediente. “Dijeron que venía de robar. Un chico de 16 años emboscado por cuatro móviles policiales…Impunidad y encubrimiento de estas bestias con cargo, de estos criminales sueltos”.  Mazzina no duda de la complicidad política, estatal. Está seguro de que el asesinato de su hijo podría haberse evitado si el fiscal Alejandro Carballo no hubiera archivado una denuncia previa por hostigamiento policial, si la fiscal Paula Bruera cumpliera con su trabajo, si los funcionarios dejaran de ser trasladados para mantener la impunidad. “El Estado es responsable”, repite como un mantra.

El caso de Valentino Blas Correa ha sido ampliamente difundido por la prensa y la pelea incansable de su madre ya logró que Tribunales se expida y se produzca la imputación de 18 miembros de las fuerzas de seguridad y tres personas de la Clínica Aconcagua, a la que los amigos de Blas lo llevaron aún con vida, pero no lo quisieron asistir. Tenía 17 años, le dispararon por la espalda, intentaron plantarle un arma, desplegaron todo tipo de maniobras de encubrimiento, dice Soledad Laciar, la mamá de Blas. “No es un caso aislado, sostiene, es el modus operandi que tiene la policía y el responsable final es el gobernador Schiaretti”. Refiere las maniobras de encubrimiento y en particular al comisario jefe de la zona sur de la división Seguridad Capital de la Policía de Córdoba, Gonzalo Cumplido (único policía que no está imputado por encubrimiento agravado sino por delito de violación de los deberes de funcionario público y que por lo tanto será investigado por la fiscalía Anticorrupción). Soledad pudo y puede acceder al expediente, pero prefirió no hacerlo, por el dolor y “porque es muy duro darte cuenta en qué provincia estamos viviendo”.

Joaquín Paredes, de 15 años, fue asesinado por la policía de Paso Viejo. Su mamá, Soledad Paredes, recuerda que se juntó con unos amigos y que en cinco minutos llegó la policía a increparlos. “Se bajaron de los móviles policiales y empezaron a insultarlos, a empujarlos. Joaquín se asustó y salió corriendo. Le dispararon por la espalda”. Así recuerda Soledad cómo le mataron a su hijo y cómo la policía sigue increpando a su familia y a la gente del barrio que la acompaña en las movilizaciones. “Cuando los chicos fueron a pedir ayuda, porque Joaquín estaba herido, les respondieron con más 40 disparos. Pero sólo un policía está condenado por homicidio”. Soledad y sus abogados luchan por el cambio de carátula porque consideran que “todos los policías presentes fueron partícipes activos” y no sólo el que portaba el arma de la bala asesina. Y agrega: “No me van a devolver la vida de mi hijo, pero vamos a seguir luchando por la verdad y la justicia”.

Siguen los testimonios, el recuerdo de las fechas, los barrios, las ciudades y el denominador común de la vulnerabilidad frente a una institución que lleva años siendo cuestionada. “Lo que pasa con la policía de Córdoba no tiene nombre”, dice Luis Ávila, recordando cómo mataron y dejaron tirado a su hijo José Antonio Ávila en un patio de una casa de Villa El Libertador, el 17 de julio del año pasado. Su dolor no ha cesado, reconoce, pero los responsables directos -dos policías de la división motorizada, Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez- están detenidos. Viviana Alegre, en cambio, sigue buscando a su hijo Facundo que permanece desaparecido desde hace nueve años.

La mamá de Facundo Rivera Alegre lleva años de sufrimiento, convencida de que “cuando un policía jala un gatillo es porque lo avala un poder político” y a pesar de que hubo juicio, Viviana no dejará de luchar hasta encontrar a su hijo. Como se recordará, la Cámara 11ª del Crimen condenó en 2015 a Pablo Rearte a 12 años de prisión y declaró la participación de un menor como autor material del crimen. La hipótesis judicial es que Facundo fue asesinado en medio de una discusión por compra de drogas, pero su cuerpo nunca fue encontrado. “Siempre la sospecha sobre la víctima”, dice Viviana y recuerda todo lo que ha tenido que ver y escuchar estos años. “Que si mi hijo era narco, que por qué su papá vive en España, siempre así…y me dicen que seguir buscando a mi hijo sería ayuda humanitaria, ¡cómo si me tuvieran que hacer un favor!”. Contiene las lágrimas y jura que seguirá luchando, “porque le pidieron a (José Manuel) De La Sota que les saque este muerto de encima y mi hijo sigue desaparecido”.

Sandra Zarandón lleva ocho años buscando verdad y justicia por el asesinato de su hijo Álvaro Zarandón, en Laboulaye. El 8 de febrero de 2013 el mayor de sus hijos se fue a una fiesta en la casa de un amigo y en mitad de la noche llegó la policía con una orden de allanamiento. Álvaro se asustó y salió corriendo. Le dispararon por la espalda. Pasó casi una hora y lo llevaron al hospital. “Dijeron que lo encontraron tirado en un baldío y de los 13 policías que participaron sólo imputaron a uno, que quedó libre en un juicio con jurado popular…Es un manoseo, se nos ríen en la cara”. Además de lo que significa haber perdido a su hijo, Sandra relata que durante todos estos años la policía local no ha dejado de hostigar al resto de sus hijos. “Para mí es una situación horrible, tengo terror de que les pase algo y es muy incómodo tener que decir a mis hijos que se cuiden de la policía, que bajen la cabeza”.

Sobreponerse y seguir

Además de los testimonios de las familias cordobesas, dos mujeres más participaron del conversatorio para acercar su solidaridad a partir de sus propias experiencias. Son reconocidas como “históricas” en la lucha contra la impunidad y la violencia de las fuerzas de seguridad. Una de ellas es Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, el chico de 18 años asesinado en San Rafael (Mendoza) en 1997, cuando estaba de viaje de estudios. 

En su relato vuelven a aparecer las certezas de la complicidad política. “Es una lucha muy despareja, dice, contra las fuerzas de seguridad y contra la justicia, que en realidad es injusticia”. Durante la presidencia de Carlos Menem y Carlos Duhalde en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la familia de Sebastián tuvo que sortear toda clase de dificultades. Pedíamos la aparición con vida de Sebastián y nos acusaban de estar politizando el tema, siempre culpando a las víctimas”. Pese a las dificultades económicas y gracias a la solidaridad de la gente que los acompañaba en cada movilización lograron trasladarse a Mendoza para buscar a su hijo, “porque nadie hacía nada”. Los vecinos de la localidad de Nihuil les dijeron que “busquen allá abajo, porque cuando a la policía se le va la mano los tiran ahí”. Y así fue como encontraron el cuerpo de Sebastián en un barranco. Cinco policías y una civil fueron condenados. “Y está demostrada, afirma, la complicidad y la continuidad de los responsables de los crímenes de la dictadura: en 2017 condenaron nuevamente al asesino de Sebastián (Hugo Trentini) en un juicio por delitos de lesa humanidad”. Por eso Miriam reivindica la hermandad en la lucha con otros colectivos y organismos que defienden los derechos humanos, y recuerda que “no son pobres viejitos a los que es justo mandar a sus casas, son criminales”.

Y reafirma esta idea la otra invitada, Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, “la primera mujer muerta por torturas en democracia”. Eugenia recuerda aquel 10 de octubre de 2002 en el que su hermana Andrea entró en coma, tras recibir toda clase de abusos y golpes en una comisaría. Tras doce días de agonía, Andrea muere en el hospital de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. En este caso también la lucha por el esclarecimiento del caso fue muy dura y Eugenia afirma que “sin el apoyo de las cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares e HIJOS, el crimen de Andrea hubiera quedado impune”.

Los dolores compartidos, la necesidad de luchar en unidad, la esperanza de cambiar las instituciones para que se respeten los derechos de todas las personas atraviesan la frialdad de la pantalla que caracteriza estas reuniones virtuales. Cada persona escucha y asiente cuando habla otra, las lágrimas se vuelven contagiosas y la respuesta a cómo seguir, unánime. Todos y todas agradecen la convocatoria de la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba para seguir visibilizando esta realidad y piden que siga apoyando, “porque entre todos es más fácil superar las trabas y las negativas”, dice Soledad Laciar. “Hay que meter presión a estos tipos, gobiernos, fiscales, policías, porque si no se nos cagan de risa. La salida es juntos”, afirma Claudio Mazzina. “Juntos en las redes, pero también en las calles”, pide Ivana, la hermana de Joaquín. Unidad, solidaridad, coraje, dicen una y otra vez.

Y no falta el mensaje para la prensa, a la que algunos califican de cómplice, “por convicción o por el silencio que impone la pauta publicitaria”. Y otros reconocen que “informa, aunque después los casos caigan en el olvido, o acompaña, sobre todo los medios independientes o alternativos”. Y hay mucho de razón en estas palabras, porque la comunicación puede jugar un rol muy valioso en la defensa de los derechos humanos si abandona los estereotipos e informa sin estigmatizar la pobreza, la juventud, la vulnerabilidad. Ser periodista puede ser una profesión muy digna si se afirma en el paradigma de los derechos humanos.