La Legislatura aprobó en la tarde del miércoles una modificación a la Ley 9380 de Videovigilancia, que permitirá a los municipios -una vez que firmen los convenios- utilizar las imágenes de las cámaras de seguridad para sancionar contravenciones. El proyecto recibió 49 votos positivos, 19 negativos y dos ausencias.

Con la nueva modificación, las comunas podrán acceder a los datos tomados por las cámaras ya instaladas en la provincia que están bajo control del ministerio de Seguridad de Córdoba. A partir de la adhesión de cada ciudad, las filmaciones se utilizarán para verificar y multar cualquier contravención municipal.

Además, el proyecto amplía la recepción de las imágenes no solamente sobre las personas en la vía pública sino que suma a los objetos, tales como automóviles o camionetas. También establece la posibilidad de incorporar nueva tecnología que en algunos casos ya existe, como drones o cámaras en las pecheras; y otras que se desarrollen en el futuro.

Hay 102 municipios de la provincia que están en condiciones de adherir al método de videovigilancia que ya funciona en la ciudad de Córdoba, es decir, acceder al registro de datos para constatar si se cometió una infracción.

Las imágenes podrán usarse para sancionar contravenciones, faltas y delitos. Para ello, 2259 cámaras están dispuestas en el territorio provincial, 1099 en la ciudad de Córdoba. A esas se le suman 1040 domos con rango de 360 grados ubicados en móviles policiales; además de cinco cámaras fijas y una móvil que se utilizan para detección de personas digitales con inteligencia artificial.

Si todos los municipios adhieren a los convenios, un 81 por ciento de la población cordobesa estaría bajo videovigilancia con ese sistema.

Cómo funciona

Juan Manuel Cid, legislador y uno de los creadores del proyecto de ley, explicó a Canal 10 el funcionamiento del sistema. "Los fiscales y jueces requieren determinadas imágenes de ciertos lugares en franjas horarias específicas, según lo que indique la causa, para todos los delitos del Código Penal y para todas las contravenciones provinciales. Ahora, se incorporan las contravenciones municipales de las ciudades que adhieran", destacó.

Según afirmó Cid, el uso puede tener una doble vía. Hasta este momento, un fiscal puede tener un caso en particular con información de circulación, por ejemplo, y requiere al centro de operaciones del ministerio de Seguridad determinadas imágenes. También, el mismo centro puede detectar de ese monitoreo la comisión de un delito, e informar a la fiscalía correspondiente. Dependiendo de cada municipio, esto funcionará de modo similar.

La segunda forma se da cuando el centro de monitoreo detecta una contravención y lo pone en conocimiento de las autoridades del Tribunal de Faltas.

Respecto de las críticas relativas al avance sobre las libertades individuales, Cid expresó que en su momento se estableció un protocolo que "en 13 años de funcionamiento no ha habido un solo incidente de filtración de imágenes, no ha habido una sola denuncia de alguna persona a quien se le hayan usado imágenes de su privacidad, de su intimidad o donde se filmaran imágenes en lugares privados. Los protocolos funcionaron perfectamente", apuntó.

A su vez, recordó que la guarda de las imágenes en el centro de monitoreo en la actualidad es de 60 días y luego se destruyen.