A fines de 2022, el juez de Control Nº 10, Juan Manuel Fernández López, encabezó dos audiencias con el centro vecinal barrio Centro, la Provincia y la Municipal en torno a la protesta social.

El magistrado planteó la necesidad de implementar una política de “tolerancia cero” a la protesta, identificar a sus organizadores e imputarlos por asociación ilícita.

“Las organizaciones piqueteras actúan de manera extorsiva con comerciantes, trabajadores, la población en general y en muchos casos hasta con sus propios integrantes”, expresó el dirigente libertario e integrante del Movimiento Antipiquetero, Agustín Spaccesi.

El fiscal Ernesto de Aragón, encargado de la protesta social en Córdoba, rechazó el planteo del juez y afirmó: “En cuanto al Ministerio Público Fiscal concierne se va a seguir aplicando el mismo criterio que se viene aplicando en función de un protocolo, unas normas prácticas de actuación que se vienen elaborando hace más de dos años”.

“No se aplica tolerancia cero ni vía liberada. No hay ni mano dura ni mano blanda. Hay una mano medida y equilibrada buscando el derecho de manifestarse como el derecho de todos los ciudadanos de transitar y el resguardo de la integridad física que viven en las inmediaciones de los lugares donde se producen”, agregó.

Fiscal Ernesto de Aragón - Sobre la protesta social - Informe Jorge Vasalo

Además, el fiscal expresó que estas audiencias no cambiarán el funcionamiento. "En la medida que no se cometa ningún delito no hay motivo para identificar a nadie. Una protesta callejera es una actividad constitucionalmente protegida.

Por su parte, el abogado Claudio Orosz, quien defendió a gremialistas imputados por protestar, expresó: “El fallo Álvarez y otros determinó que no se puede judicializar la protesta social sino solo se puede intervenir cuando se cometan delitos”.

“Las manifestaciones están protegidas por la constitución y deben ser pacíficas. La tolerancia cero refleja el giro a la ultraderecha de algunos periodistas y magistrados”, agregó.

Claudio Orosz - Protesta social - Informe Jorge Vasalo