Una emblemática sala de juegos de la ciudad de Ushuaia, construida y explotada durante años por la empresa Casino Club, está siendo convertida en un centro de atención sanitaria para enfermos de coronavirus donde se instalarán "entre 30 y 40 camas", informaron fuentes oficiales del gobierno fueguino.

El edificio con forma de ballena, ubicado en pleno centro de la capital fueguina y sobre la costa del Canal Beagle, fue adquirido por la provincia a fines del año pasado, a un precio de 9,1 millones de dólares, con el propósito de ser destinado a un centro cultural.

El casino que llegó a emplear a 250 personas y a organizar shows musicales y fiestas temáticas cerró sus puertas en octubre de 2018, en medio de los problemas judiciales que aquejaban al empresario Cristóbal López, uno de los principales accionistas de la empresa.

Con la crisis sanitaria por el Covid 19, la gestión del gobernador Gustavo Melella, que en un principio había cuestionado la operatoria de compra realizada por su antecesora Rosana Bertone, decidió echar mano a las instalaciones.

Así, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de la provincia comenzaron las primeras refacciones y la puesta en funcionamiento de los servicios, entre ellos la calefacción.

La ministra del área, Gabriela Castillo, explicó que "se está retirando el mobiliario a fin de liberar los lugares de las distintas salas de juego del subsuelo, para montar los espacios de internación, que funcionarán como auxiliares del sistema sanitario de Ushuaia".

Castillo mencionó que en el ex casino habrá "entre 30 y 40 camas" y que se trata de "un paso importante" para atender la pandemia en la provincia.

El inmueble, de fácil acceso y situado a pocas cuadras del Hospital Regional, posee amplios espacios en desnivel, además de un sofisticado sistema de calefacción, doce baños, dos cocinas, un restaurante y un escenario, entre otras comodidades.

tras el cierre de la sala, la empresa vendió sus concesiones de explotación vigentes hasta 2035, por 750 mil dólares, en una operación que también fue autorizada por el gobierno fueguino.

La idea de que fuera adquirido por el Estado surgió a partir de la iniciativa de dos adolescentes de 15 años, quienes iniciaron una campaña por Internet y juntaron más de 3500 firmas a través de la plataforma Change.org, hasta que el gobierno provincial se interesó en la operatoria.