Tres personas a juicio por estafar a una mujer discapacitada
Los delitos ocurrieron en la localidad de Ucacha. Piden celeridad en el proceso al aplicar perspectiva de género y modelo social de discapacidad.
La Fiscalía de Instrucción de la ciudad de La Carlota, a cargo de Georgina Osella, solicitó la requisitoria de citación a juicio en una causa por la estafa de una mujer con capacidades restringidas, aplicando perspectiva de género y el modelo social de la discapacidad.
En la petición, se actuó reconociendo la mayor situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, por ser una persona con discapacidad y por ser mujer, lo que añade mayores dificultades en el ejercicio de sus derechos.
La fiscalía analizó que la damnificada fue víctima de un trato desigual por parte de los imputados, quienes se abusaron de su especial vulnerabilidad por ser una persona con discapacidad y, asimismo, actuaron empleando una posición de desigualdad en razón del género, ejerciendo contra ella distintos tipos de violencia contemplados en la Ley de Protección Integral a las mujeres número 26.485.
Los delitos se encuadrarían en lo previsto en el artículo 174 del Código Penal, que sanciona “el abuso de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aun cuando el acto sea civilmente nulo”.
El hecho de combinar las variables de género y discapacidad, le permitió a la fiscal solicitar que se otorgue prioridad de juzgamiento como herramienta de transformación social y de protección e inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad, otorgando visibilidad y reconocimiento de derechos a quienes lo integran.
La causa
Los hechos sucedieron en la localidad de Ucacha, a partir del año 2011, cuando los tres imputados se acercaron a la víctima en ocasión del fallecimiento de sus progenitores aprovechándose de que la mujer no contaba con un sistema de contención afectivo y desconocía cómo administrar los bienes dejados por sus padres.
Los imputados hicieron que la víctima suscribiera diversos documentos de los cuales derivaron importantes efectos jurídicos en detrimento de su patrimonio, que como consecuencia de eso se vio considerablemente disminuido.