El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial el decreto 721/2020 que establece el cupo laboral en la administración pública nacional para las personas travestis, transexuales y transgénero.

El decreto lleva la firma del presidente Alberto Fernández, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La noticia fue recibida con gran beneplácito por parte de distintas organizaciones y representantes de la colectividad LGBTIQ+ .

La inclusión laboral de las identidades trans ha sido un reclamo de larga data en nuestro país. Más aún, su lucha ha sido históricamente invisibilizada por distintas estructuras del poder real y por quienes orientan la agenda pública.

Recientes estudios privados reflejan la necesidad de un marco normativo que asegure la presencia de ese colectivo.

"Argentina es uno de los países de Latinoamérica más avanzados en temas de diversidad e inclusión de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, queda mucho por aprender", señalan desde Pride Connection Argentina (PCA), la red de empresas que busca promover espacios de trabajo inclusivos para la comunidad LGBTIQ+.

La misma red, que acaba de celebrar su segundo aniversario, respalda sus acciones con datos contundentes. Un estudio de la consultora Nodos, realizado en mayo de este año, señala que al menos una de cada cuatro personas LGBTIQ+ ha sufrido algún hecho de discriminación en su ámbito laboral.

"En el último año un 74% del público entrevistado ha sufrido alguna situación de acoso, violencia o discriminación en su ámbito laboral. Un 33% de esas acciones han sido ejercidas por pares de su mismo equipo", profundiza el estudio.

Junto a esos datos, el relevamiento da cuenta de otro problema que parece endémico en muchas instituciones: la falta de instancias de denuncia o reclamo que garanticen la protección de las víctimas.

"El 86% declaró que no realizó la denuncia porque no le parecía relevante, por falta de confianza en los mecanismos de la propia organización y por miedo a las represalias o consecuencias negativas", añade el relevamiento.

Reconocimiento

Ante la situación descripta la red, conformada por más de 30 empresas, apunta su trabajo a compartir, fortalecer y fomentar una cultura que reconozca a empleados LGBTIQ+ como una parte importante de un lugar de trabajo efectivo y diverso.

Además, el enfoque de la situación incluye el impacto que puede tener para el sistema productivo en general y las diversas instituciones en general, no abordar la problemática.

"Una investigación realizada en 39 países reflejó que el costo de la homofobia y la transfobia es inmenso: desde la reducción de mano de obra, pérdida de talento y pérdida de creatividad. Por ejemplo, la discriminación en un país como México tiene un costo estimado de 80 mil millones de dólares”, destacan desde el colectivo.

"Hablamos de fomentar y potenciar el talento diverso. Eso no sólo tiene que ver con explotar el potencial del colectivo LGBTIQ+, sino que cuando hablamos de derechos hacia esas personas estamos hablando de derechos humanos. Partimos de esa premisa. Por eso hay empresas de todos los tamaños que trabajan internamente hacia ese público, capacitando y compartiendo buenas prácticas", añadió Miguel Suárez, representante de Pride Connection en Argentina

"Sin dudas que la firma del decreto marca un precedente importante en todo lo que tiene que ver con el trabajo que se viene realizando en pos de la inclusión laboral para este colectivo, para el cual la sociedad tiene una gran deuda. Puede ser un parteaguas para lo que viene", contextualizó el representante de la entidad.
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