El asesinato de Joaquín Paredes en manos de efectivos de la policía, en Paso Viejo, departamento de Cruz del Eje, impulsó a que la Provincia de Córdoba presentara este martes el nuevo Protocolo de Acción Policial. 

VER: El Gobierno presentó un nuevo Protocolo de Acción Policial

Entre otros aspectos, se destaca que el uso del arma de fuego es una excepción “excepcionalísima” y sólo debe emplearse cuando median riesgos inminentes para la vida del personal policial o de terceros".

VER: Punto por punto: el protocolo que regula el “uso legal y racional de la fuerza”

Sobre esta novedad, en Canal 10, se consultaron dos voces especializadas en materia de seguridad y derechos humanos de Córdoba. 

Valeria Plaza

La Coordinadora del Programa de Seguridad y DDHH de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, consideró que "es una de las medidas que se venía reclamando en la Provincia ya que a nivel nacional se habían establecido protocolos desde el 2013 pero Córdoba no había adherido".

Ahora, dijo, hay que ver cómo ese nuevo protocolo será aprendido por el personal policial y por la ciudadanía, de acuerdo a las situaciones a las que se hace referencia. 

Lo más importante, destacó la especialista, es "qué tipo de control político, administrativo y judicial se va a implementar para que este protocolo no sea sólo un anuncio".  

Plaza manifestó que es una medida "adecuada" y que este protocolo era necesario porque al tratarse de una profesión que utiliza armas de fuego, "debe estar lo más reglamentado posible".

Miguel Robles

Por otra parte, el ExSubsecretario de Delitos Complejos de la Nación, señaló que "es muy extrañó que se saque un protocolo a horas de un hecho muy grave". 

El exfuncionario manifestó que si bien pueden haber estado trabajando en ello "seguramente ha salido un poco a las apuradas".

"Es algo sabido que la policía tiene que usar las armas de fuego de manera racional y como última razón. No se puede usar ni armas ni la fuerza pública sin un motivo que lo acredite". 

Para Robles "no hay un trabajo que haya profundizado lo que ya existía: los fallos de la Cámara del Crimen de Córdoba, del Tribunal Superior de Justicia, las normativas en relación a la legítima defensa, el Código Procesal Penal, ya daban un marco del uso racional de la fuerza". 

Este protocolo es más "una necesidad política de decir que se está haciendo algo sobre el desmanejo policial que una realidad efectiva". 

Por ello, cree que debe haber una "revisión profunda de cómo se está conduciendo las fuerzas policiales en Córdoba" y que la Policía sea coordinada "por personas que no sean del riñón policial y con aquella vieja educación", concluyó.