Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba comenzó este jueves el juicio a siete personas acusadas de prestar intermediación financiera no autorizada, agravada por la habitualidad y por su publicidad en medios masivos de comunicación.

De acuerdo con la acusación, utilizaban distintas empresas que prestaban el servicio de caja de seguridad, y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, para luego utilizar esos fondos para préstamos y créditos, sin contar con la autorización del Banco Central de la República Argentina. En la causa interviene la Fiscalía General 2 ante ese órgano judicial, a cargo de Carlos Gonella.

La composición del tribunal es unipersonal y está a cargo del juez José Fabián Asís. El juicio se desarrolla con modalidad semipresencial con una frecuencia semanal. En la audiencia de inicio se leyó la acusación a los imputados Juan Carlos, Iván, Pablo y Mariano Barrera, acusados en carácter de autores, y a José Luis Cavazza y Carlos Alejandro y Carlos Orlando Reartes, considerados partícipes necesarios. Las defensas plantearon nulidades que fueron rechazadas por el tribunal, y los siete acusados se abstuvieron de declarar. 

Los hechos que se le imputan a los acusados son diez, ocurridos entre 2008 y 2014. En todos ellos, la modalidad fue siempre la misma. De acuerdo a la acusación, en alguna de las tres firmas que integraban (BACAR Traca SRL, Compañía Barrera S.A.y Blicen S.A., todos ubicados en el barrio centro de Córdoba capital) persuadían a los clientes para que, bajo la figura simulada de un contrato de caja de seguridad, depositasen su dinero en la empresa a plazo a cambio del pago de intereses notoriamente más altos que los de las instituciones autorizadas por el Banco Central. 

Tras haber captado los fondos, los siete imputados habrían desarrollado la actividad de intermediación financiera valiéndose de sus locales comerciales, que contaban con una zona de cajas de seguridad, otra de oficinas y una tesorería. Para la fiscalía, toda esta infraestructura excede los requerimientos que implica el alquiler de cajas de seguridad y permite sostener que esto era solo una pantalla de una actividad principal de intermediación financiera.

De acuerdo a la acusación formulada por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, la existencia de las cajas de seguridad, al margen de servirle como pantalla a la asociación ilícita, permitía atraer y captar valores para su resguardo y tentar a los locatarios a través del ofrecimiento de ganancias que podía redituar el depósito de dinero en efectivo a través de contratos de asistencia financiera. La diferencia porcentual de interés ofrecida por las tres firmas para aquellas personas que decidieran convenir los contratos de asistencia financiera o depósitos a plazo, tanto en pesos como en dólares, era notoriamente mayor en comparación con las tasas ofrecidas por los bancos autorizados por el BCRA: hasta del treinta por ciento anual en pesos, según el monto, y hasta del 18 por ciento en dólares, en comparación con las tasas regulares ofrecidas por entidades financieras autorizadas que, al momento de los hechos, eran entre un 30 y 50 por ciento menores.

Para el Ministerio Público Fiscal, los imputados desarrollaron actividades de intermediación financiera no autorizada agravada convirtiendo, en la práctica, las firmas a su cargo en una banca paralela y no regulada, atentando de esta manera contra el orden económico y financiero del Estado argentino. Los imputados publicitaban sus servicios tanto en sus locales, ubicados en un importante centro comercial de la ciudad de Córdoba y en plena zona financiera, como también a través de publicidades en distintos medios de comunicación. 

Además, a través de la operatoria de descuento de cheques y de la caución de cheques en garantía, los imputados habrían instrumentado préstamos de dinero a terceros a través de una tasa de interés muy superior a la ofrecida por la banca autorizada. Así, según la acusación, lograron seducir a una cantidad indeterminada de personas para que depositaran a plazo sus ahorros para captar fondos que luego “colocaban” en el mercado por medio de préstamos, y también mediante remesas y giros al exterior. 

Finalizada la audiencia de apertura del debate, el fiscal Gonella declaró: "Este es el segundo caso en Córdoba, y en la República Argentina, que llega a juicio oral por este delito. El juzgamiento de delitos de criminalidad económica es una de las prioridades político criminales del Ministerio Público Fiscal".