Comenzó el juicio por las fotomultas ilegales en Estación General Paz
Según la denuncia, el municipio labró cerca de 50 mil actas anuales entre 2008 y 2010.
Este miércoles comenzó el juicio por las fotomultas ilegales en Estación General Paz a más de 10 años de las denuncias.
Según la causa, el intendente Carlos Borgobello, funcionarios municipales, empresas y estudios de abogados estaban trabajando conjuntamente para labrar de forma ilegal cerca de 50 mil multas de tránsito anuales entre 2008 y 2009.
El juicio se realiza en la Cámara Segunda del Crimen y con jurados populares. Laura Battistelli, fiscal de la cámara, afirmó a Radio Universidad que están imputados Borgobello (que sigue siendo jefe comunal de la localidad), el extesorero Pascual Aníbal Suárez y los empresarios Alejandro José Abeliansky y Virginia Mónica Guala. El exjuez de Faltas de Salsipuedes, Daniel Hernán Torres, también estaba implicado en las investigaciones pero falleció.
Los acusados están imputados por exacciones ilegales continuadas y falsedad ideológica continuada.
Fotomultas, una máquina de hacer dinero
Estación General Paz es una localidad ubicada sobre la ruta 9 a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba y a 20 kilómetros al sur de Jesús María. Según el Censo Provincial de 2008, la ciudad contaba con un poco más de 2 mil habitantes.
La causa de las fotomultas comenzó a investigarse en 2010. El fiscal Carlos Matheu, actualmente jubilado, inició una investigación de oficio y ordenó el secuestro de la documentación y los radares de Estación General Paz.
El fiscal detectó en varios tribunales denuncias por cobro indebido de multas en la localidad y que se habían acumulado desde el 2008.
En ese entonces, la normativa prohibía el uso de radares para aplicar fotomultas por exceso de velocidad.
Los aparatos, tres en total, estaban instalados sobre la "zona urbana" de la ruta 9, algo prohibido explícitamente por la ley. Los radares sacaban fotos y las multas eran fraguadas a posteriori por inspectores de tránsito que no habían estado en el momento de la infracción.
Según la investigación, continuada por el entonces fiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo, Borgobello y Suárez contrataron dos empresas para iniciar esta "máquina recaudadora": Sertran, para la locación y mantenimiento de los aparatos, y Extrategic Group, para el procesamiento y gestión de cobro de infracciones. Abeliansky era apoderado de Sertrán y Guala de Extrategic.
El aparato cerraba con la intervención del fallecido juez de faltas que se encargaba de la gestión, juzgamiento y cobro administrativo de las multas.