El Tribunal Oral Federal 4 condenó al empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero en la causa que se conoce como la "Ruta del dinero K" que empezó en el 2018 y tuvo 27 imputados. 

Sus cuatro hijos y a otra veintena de procesados por presuntas maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015, fue dado a conocer este mediodía, a las 13:30. 

Así lo informó luego de que se terminaran de escuchar las últimas palabras de los imputados, con las exposiciones de Martín Erazo y Juan De Rasi, dos de los acusados, que en ambos casos se quejaron porque, en el marco del proceso, el tribunal no había aceptado planteos realizados por sus defensas en relación a las pruebas.

"Termino con sabor amargo porque la mayor parte de la prueba que solicitamos con mi defensa, va a ser producida en otra etapa de este juicio, a posterior de que se dicte sentencia, y la realidad es que la pedimos para demostrar la verdad de los hechos, que muestran mi inocencia", señaló Erazo, vía la plataforma Zoom y a través de una transmisión en directo por Youtube.

En términos similares, De Rasi dijo: "Lamento no haber contado con las pruebas que habíamos pedido pero, así y todo, estoy seguro de mi inocencia porque sé lo que hice".

El dueño de Austral Construcciones tenía un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía, mientras que su defensa reclamó la absolución y calificó al caso como un "circo judicial".

Báez estaba con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos.

El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.

El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales de Retiro.

El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.

Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa.

En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una "persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial".

La fiscalía reclamó 12 años de prisión para Báez por el delito de lavado de activos y una multa de 2.121 millones de pesos.

En cuanto a los hijos del empresario, el Ministerio Público pidió nueve años de prisión para Martín, cinco para Leandro, y cuatro años y seis meses de cárcel para Melina y Luciana.

El fiscal también pidió penas para el contador Daniel Pérez Gadín (ocho años), para el abogado Jorge Chueco (ocho años), para el financista arrepentido Leandro Fariña (cinco años) y para el financista Federico Elaskar (cuatro años y seis meses).

Además, se juzga al exmarido de la actriz Iliana Calabró, Fabián Rossi, que tiene pedido de cinco años de prisión, entre otros acusados.

Todos los juzgados, junto con Báez y su hijo mayor, considerados autores del delito, fueron acusados por el fiscal como presuntos coautores de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y por haber sido perpetrados por miembros de una banda conformada "para la comisión continuada de los hechos".

Además, los jueces deberán analizar un planteo fiscal para decomisar todos los bienes que, según la acusación, hayan sido adquiridos a través de los ilícitos, entre ellos estancias, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.

Ocho de los imputados tienen pedido de absolución fiscal.

Por su parte, las defensas de los Báez reclamaron la absolución y nulidad de la causa, mientras que las querellas de la Oficina Anticorrupción, la AFIP y la Unidad de Información Financiera también pidieron condenas de prisión efectiva.

Télam