Denuncias penales contra la Policía y el Ministerio de Seguridad por "hacer inteligencia"

Luego de un llamativo episodio denunciado durante la marcha de la pasada semana en la que se conmemoró la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, realizó una denuncia penal.

El hecho puntual fue alertado por distintas organizaciones que participaban de aquella marcha cuando advirtieron a una agente de la policía de Córdoba con vestimentas que la mostraban como fotógrafa de prensa, tomando imágenes a quienes participaban de la convocatoria.

En tal momento no dudaron en señalar a esto como un acto de inteligencia en contra de quienes se manifiesta y que se enmarca, aseguran, en distintos amedrentamientos que no hacen más que criminalizar la protesta social, según entienden los espacios gremiales.

“Hemos denunciado tanto a la autora material como a quien consideramos el instigador y justificador o por lo menos encubridor que es el ministro de Seguridad de la provincia”, confirmó el propio Orosz.

En tal sentido, el letrado explicó que es importante considerar “que por el Art. 4 de la Ley de Inteligencia Nacional que rige en todo el país este tipo de actividades que realizaba esta policía por orden de su superioridad está expresamente prohibida”.

A su turno, Giuliani denunció que este episodio se da en medio de “un proceso de criminalización de la protesta social en Córdoba desde hace un tiempo a esta parte”. 

“Lo contextualizamos en un amedrentamiento cotidiano por parte de la Policía de la Provincia de Córdoba para con ATE y la CTA en general y para mi persona en particular, yendo al sindicato a preguntar cuando hay marcha y quién está a cargo”, ejemplificó.

En ese marco, dijo que “es importante recordar cuando la exjefa de la Policía (Liliana Zárate Belletti) decía y reconocía que se hacía inteligencia previa, por redes sociales, a las organizaciones que movilizan y a sus dirigentes, por lo cual nos parece un hecho muy grave”, expresó. 

Apuntó contra el actual ministro de seguridad Quinteros quien “de manera suelta dice que (la policía ahora señalada) no hacía inteligencia sino que hacía comunicación” cuando “estaba disfrazada con un chaleco de prensa y fotografió y filmó permanentemente la movilización”, describió.

Dijo que ahora quieren que se investigue este hecho y afirma que a su entender la agente no fue por su cuenta sino que estuvo planificada su intervención en la marcha.

Otra denuncia

Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) realizó otra presentación por los mismos hechos, apuntando a la misma agente, al jefe de la Policía y al ministro de Seguridad de la provincia.

El texto de la denuncia sostiene que se solicita la “investigación judicial de la eventual responsabilidad penal, que podría caberles al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba Sr. Juan Pablo Quinteros, al Sr. Jefe de Policía de Córdoba Comisario General Leonardo Gutiérrez y a la Sargento Primero Claudia Susana Melián Aranibar, con motivo de la persistencia y desarrollo de posibles acciones de inteligencia ilegal”.

Específicamente apuntan a las supuestas “acciones de inteligencia realizadas por la policía de la Provincia de Córdoba a través de la agente Melián en su rol de personal policial, camuflada de trabajadora de prensa, en la concentración y protesta pacífica del día 20/12/2023 en horarios de la tarde, y posiblemente también en las del día 21/12/2023 y el 27/12/2023 en el casco céntrico de la ciudad de Córdoba, hechos que han tenido trascendencia pública nacional y local”.

Sobre esta denuncia penal, Carlos Vicente, en representación de la APDH, señaló: “Nosotros encuadramos este hecho como un acto de inteligencia sobre organizaciones sociales, políticas o populares que expresamente están prohibidas en la Ley de Seguridad Interior, en la Ley de Inteligencia y en la Ley de Defensa Nacional”.

“También en la Ley que establece a la Policía de la Provincia de Córdoba se prohíbe la investigación o la búsqueda de información sobre organizaciones sociales y políticas, y todo tipo de persecución sobre las ideas políticas, sociales o de sexo o raza”, agregó.

Vicente insistió en la necesidad que esto ahora sea investigado por la justicia y lo califico como “hechos de gravedad que vulneran derechos consagrados en la Constitución Nacional”. 

"No se puede estigmatizar la protesta social", concluyó.