Las imputaciones de los intendentes de Mendiolaza, Gabriel Salibi, y de Saldán, Cayetano Canto, la semana pasada consiitaron la atención pública sobre una causa que avanza a nivel nacional en torno a una megaevasión mediante facturas falsas.

La investigación en Córdoba esta a cargo de los fiscales federales Maximiliano Hairabedián, Enrique Senestrari y Luis María Viaut junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos con respecto a maniobras que datan de 2017.

"Creo que es la punta de un iceberg que está muy a la vista porque están pasando en todo el país", expresó Senestrari al referirse al proceso judicial que impactó en otras cinco provincias con una treintena de detenciones y 90 allanamiento en Córdoba.

La causa se refiere a la operación de estudios contables que utilizaban las claves fiscales de monotributistas y desempleados para trasnformarlos en empresarios a los ojos de la AFIP. Senestrari señaló que la herramienta de la que se valió la banda consistía en la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas que permite rapidez para conformarla y después desecharla.

El fiscal federal relató que bajo este paraguas los contadores podían "hacer facturas falsas, simular ventas y esas facturas se las vendían a empresarios que las declaraban como gastos para descontar el IVA". De acuerdo a la investigación la facturación llegó a los $3 mil millones y la evasión impositiva a más de $470 millones.

En paralelo las pesquisas alcanzaron a dos municipios de las sierras chicas. Fue así que la semana pasada Gabriel Salibi, intendente de Mendiolaza, y Cayetano Canto, intendente de Saldán, fueron imputados.

"En las cuentas de la Intendencia ponen facturas por 9 millones de pesos y no se sabe dónde está el dinero porque esos gastos no existieron", explicó Senestrari.