Fueron liberados los cuatro ambientalistas detenidos en Cosquín
Habían sido detenidos en el paraje Molinari cuando demandaban el cese del avance de las máquinas que trabajan en la construcción de la autovía de la ruta 38 sobre, un sector que reconocen como un yacimiento arqueológico.
Tres hombres y una mujer fueron detenidos esta mañana por la Policía en el paraje Molinari, en la zona del Río Yuspe, un sector ubicado en la reserva provincial de Los Gigantes, cuando demandaban el cese del avance de las máquinas que trabajan en la construcción de la autovía de la ruta 38 sobre un sector que reconocen como un yacimiento arqueológico.
En horas de la tarde, tras una manifestación frente a la comisaría de Cosquín, las cuatro personas fueron liberadas, pero quedaron imputadas y la Asamblea de Punilla denuncia irregularidades en el procedimiento.
“La Policía y el Poder Judicial siguen violando la Constitución y el Acuerdo de Escazú, que es de carácter internacional e impide detener a defensores ambientales”, le explicó a Cba24n Eugenia Caravallo, integrante de la organización. Además, contó que no dejaban ingresar a los abogados ni se les entregaba la documentación correspondiente y afirmó que la orden fue dictada por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm.
“Nos dijeron que su pedido fue que nos sacaran del lugar para que la obra avance sí o sí”, reveló.
“Cuando los cuatro compañeros fueron detenidos, otros seis nos hicimos presentes en lugar y nos amedrentaban con Infantería y la Policía Rural. Nos amenazaban que nos iban a llevar presos, pero ningún jefe se identificó ni se acercó a hablar”, relató Caravallo. Según describió, la Asamblea realiza una observación ocular sobre las obras y elabora un registro del patrimonio arqueológico que se está destruyendo. “No se sabe que se está haciendo, si están extrayendo cosas y qué se va a hacer con lo que se encuentra”, sostuvo en comunicación telefónica.
Por eso, la Asamblea le insiste a la Justicia que dicte la medida cautelar para frenar el avance de la construcción de la autovía de Punilla. “Hay evidencias de que esta obra es ilegal y con irregularidades. El conflicto social está creciendo”, argumentó.