La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), a cargo de Andrés Godoy, argumentó que hay motivos para imputar a los dos médicos tras el brote de coronavirus en la Residencia Geriátrica Santa Lucía de Saldán.

Para la Justicia, se han "detectado graves y serios incumplimientos e irregularidades por parte del personal médico que desempeñaba tareas en el geriátrico mencionado respecto de de los protocolos elaborados por la autoridad sanitaria".

Los imputados son dos médicos: el primer caso registrado en el geriátrico y el director médico.

A su vez, la Unidad agregó: "La causa se encuentra en etapa de instrucción y en los próximos días, se convocará a las personas imputadas a prestar declaración indagatoria, ello a los fines que ejerzan adecuadamente su derecho de defensa y aporten todos aquellos elementos que estimen pertinentes para la investigación".

Repudio

La decisión judicial provocó varias críticas por parte de médicos, asociaciones profesionales y clínicas.

La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Córdoba (Fepuc) criticó y declaró en un comunicado: "Medidas de este tenor, ponen en la escena pública aspectos que todo el equipo de salud supera con profesionalismo y recursos propios".

"Criminalizar la profesión no parece el mecanismo adecuado para encontrar la verdad. La mínima razón nos lleva a estigmatizar a los profesionales comprometidos en salvar vidas y no en delinquir. Pasamos del aplauso a pretender encarcelamientos", expresó el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.