La historia de Víctor Hugo Saldaño se escribe entre tribunales internacionales. Por un homicidio que cometió el 25 de noviembre de 1995, lleva 24 años en la prisión de Texas conocida como "el corredor de la muerte".

Fue dos veces condenado a recibir la inyección letal, aunque el primer fallo fue anulado por la Corte Suprema de los Estados Unidos por estar viciado de racismo, por su carácter latinoamericano.

Su ejecución se fue postergando por diferentes motivos, en los últimos tiempos por la pandemia, pero fuertemente por el recorrido en organismos varios del abogado de la familia, Juan Carlos Vega.

Ahora, la intervención del Estado argentino, a través de la Cancillería, logró una audiencia  de carácter especial ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y en la misma, con la presencia del embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, solicitó una indemnización de diez millones de dólares por la situación provocada.

Saldaño tiene su salud mental deteriorada por las continuas torturas sufridas, y es conocido el recorrido de su madre, Lidia Guerrero, para poder visitarlo en varias oportunidades. Para Vega, el organismo "no puede desconocer el valor jurídico vinculante de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos”.

La violación de los derechos primarios de las personas no se concibe en el país del norte sin una obligación económica que repare los daños.

La complejidad estuvo marcada porque Estados Unidos no reconoce a la Corte Interamericana. Hace unos años, el máximo organismo judicial había rechazado revisar el caso.