Pidieron la indagatoria de 154 represores por terrorismo de Estado en Córdoba

En una presentación conjunta la fiscal Ángeles Ramos, a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal general Alberto Lozada y el auxiliar fiscal Facundo Trotta pidieron la declaración indagatoria de 154 integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en él ámbito del III Cuerpo del Ejército antes y durante la última dictadura cívico militar.

Se trata de una nueva megacausa, que tiene a 520 personas como víctimas de delitos perpetrados en toda la provincia de Córdoba entre fines de 1974 hasta 1980.

A los imputados se les atribuyen los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, abuso deshonesto agravado, violación agravada, homicidio agravado, desaparición forzada de personas seguida de muerte, robo agravado, lesiones graves, aborto y encubrimiento.

El fiscal Trotta explicó a Radio Universidad que "Se trata de una gran causa que abarca hechos cometidos desde fines del año 1974 hasta el año 1980 en perjuicio de 520 víctimas. Estamos frente a una investigación que por la envergadura de la prueba, la cantidad de víctimas y personas imputadas, se asemeja a las grandes causas como la Megacausa de La Perla, y la de la ESMA, aunque ninguna de estas dos causas tuvieron el número de personas imputadas que tenemos en esta investigación".

Trotta además indicó que esta gran causa "comprende hechos cometidos en todos los centros clandestinos de detención que funcionaron en nuestra provincia, pero además estamos investigando el aporte que brindó personal policial y fuerzas militares del interior de la provincia. Se están juzgando hechos cometidos en las comisarías del interior, incluso en alguna unidad penitenciaria del interior y eso es lo que hace que haya tanto número de personas imputadas "

Ataque generalizado y sistemático

Desde la fiscalía indicaron que se trató de un "ataque generalizado y sistemático, que estuvo encabezado antes del golpe de Estado y -fundamentalmente en 1975- por el Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia de Córdoba (D2)".

"El D2 realizaba investigaciones que daban origen a sumarios, con intervención de jueces federales, que "en su mayoría fueron ilegales", pues "en algunos casos no contaban con orden de detención y/o allanamiento; en otros, esas órdenes tenían como origen información extraída previamente bajo tortura", puntualizaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Previo al golpe de Estado de 1976, los centros clandestinos de detención utilizados para la represión ilegal fueron fundamentalmente el mismo D2 y el "Campo La Ribera", sede oficial de una cárcel militar. La fiscalía refirió que existieron otros lugares que funcionaron de la misma manera, como el “Destacamento Pilar”, el “Chalet o Casa de Hidráulica”, la Comisaría de Río Cuarto, la Comisaría de Bell Ville y la Comisaría de Villa María.

"A partir del golpe de Estado, el esquema de centros clandestinos de detención se completó con los denominados "La Perla" y "La Perla Chica o Malagueño", que eran junto con "Campo La Ribera" los tres lugares en los que operaba el personal militar y civil del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército" precisó el escrito.

Informe de Jorge Vasalo, periodista Multimedio SRT y MPF