Lo que se puso en juego y judicialmente terminó fuertemente cuestionado es el "Protocolo de Actuación para el Personal Policial en Situación de Violencia Familiar o de Género" vigente en la Policía de la provincia de Córdoba.

Se trata de un caso ocurrido en la localidad de San Francisco, donde una agente que había denunciado a su pareja, también efectivo, terminó retirándola debido a la afectación salarial que le produjo tal situación.

Conjuntamente, cesó la prohibición recíproca de acercamiento y comunicación que se había generado.

Así, el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de la ciudad apuntó que el hecho confirmó un proceso de "revictimización" de la mujer, por una cuestión económica.

Pero también se presume de manera "unívoca" que la compleja situación intrafamiliar continúa.

En la actualidad, ante un caso de denuncia de violencia, mientras duren las medidas cautelares y a modo de proteger a las víctimas, se le retiran armas reglamentarias a el o los implicados y se impide realizar tareas adicionales, ya que solo cumplen tareas no operativas.

Estas horas de trabajo significan un importante monto para integrantes de la fuerza.

A la situación la admitió la propia denunciante, y para el juez Andrés Peretti la situación genera "una forma de violencia indirecta", con el agravante de ser institucionalizada en un organismo público y esencial.

Al magistrado le resulta "inadmisible" que exista un trato igualitario para denunciante y denunciada/o, ya que "se restringe la libertad económica y patrimonial de la víctima"

Por eso, solicitó a las autoridades de la fuerza modificaciones al esquema, ya que el mismo deriva en el ejercicio de “violencia indirecta de carácter institucional, económico y patrimonial”.

Pide a su vez que se arbitren los medios para que durante las medidas preventivas no se afecten los ingresos de la denunciante, y siguiendo el esquema solicita la constancia del tratamiento psicológico ordenado.