Organizaciones civiles de distintas partes del mundo expresaron públicamente su preocupación por diversos hechos de persecución sufridos por activistas que han advertido sobre situaciones que ponen en riesgo derechos básicos de la ciudadanía. 

Mediante un documento difundido por sitios de internet y cuentas en redes sociales manifiestan su inquietud ante "la tendencia mundial de perseguir a los defensores de los derechos digitales, incluidos los investigadores y capacitadores en seguridad que actúan para proteger y promover los derechos humanos".

"Exigimos la fuerte protección de su trabajo y su reconocimiento como defensores de los derechos humanos", exhortan las entidades de la sociedad civil.

"Ya sea a través de leyes que penalizan su actividad o mediante persecución judicial destinada a silenciarlos y castigarlos, su trabajo y sus vidas están en peligro. El trabajo de los defensores de los derechos digitales es un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y, como tal, debe protegerse. Rechazamos toda persecución de los defensores de los derechos digitales", prosigue el texto, que cuenta con más de 30 rúbricas.

"Exigimos el reconocimiento de su trabajo a nivel legal, social y político. Los defensores de los derechos digitales también deben ser reconocidos como defensores de los derechos humanos cuando trabajan por la defensa de los derechos humanos fundamentales o de cualquier manera por el interés público. Por lo tanto, su trabajo y sus derechos básicos deben protegerse para garantizar el desarrollo sin riesgos, transparente, democrático y seguro de Internet y las tecnologías digitales en todo el mundo. Se les debe permitir hacer su trabajo sin temor al acoso judicial o cualquier forma de daño proveniente del Estado", concluye el documento.

La causa Smaldone

Entre los casos que señalan las organizaciones se destaca el de Javier Smaldone, quien en el pasado mes de octubre sufriera un allanamiento, con secuestro de computadoras e información personal, bajo la infundada sospecha de participación en una masiva filtración de datos que manejan las fuerzas de seguridad nacionales.

Dicho allanamiento fue ordenado por la Justicia Federal a pedido de la Policía Federal Argentina, fuerza que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, por entonces a cargo de Patricia Bullrich.

El procedimiento en contra de Smaldone ya había motivado otra advertencia por parte de las organizaciones, en otro documento publicado semanas atrás. 

"Según el expediente de la causa, al no obtener las fuerzas de seguridad datos concretos sobre quien o quienes habían accedido ilícitamente a sus bases de datos, comenzaron a observar “fuentes abiertas y redes sociales” para detectar usuarios que hubieran replicado la difusión de esta información. En este contexto, surge del expediente que Javier Smaldone es señalado como uno de los “posibles responsables” de los hechos a pesar de no haber sido imputado, y haber declarado previamente como testigo aportando información valiosa a la Justicia. Los indicios presentados por la policía en este sentido llaman la atención de la comunidad y del público por su arbitrariedad y debilidad", remarcaron las entidades.

La actuación del personal de la PFA, así como el allanamiento y el secuestro de pertenencias, motivó un pedido de nulidad por parte del activista.

Aunque tal pedido fue rechazado por el juez interviniente, Smaldone presentó la correspondiente apelación en la mañana de este viernes.

"El juez y el fiscal insisten en convalidar la persecución, la mentiras y los ridículos informes de ciberpatrullaje de la PFA. ¿Qué se hace? Se apela, hasta la instancia que sea necesario", señaló.

Javier Smaldone on Twitter