Las repercusiones de la decisión de ayer del Senado, rechazando la pretensión del Ejecutivo de desginar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como cortesanos, generó repercusiones desde el mismo momento de la votación.

En la mañana del viernes, uno de los viejos integrantes de la Corte Suprema, salió a dar su opinión, poniendo presión sobre García-Mansilla y su irregular situación.

Ver: Ricardo Lorenzetti: "Nunca aceptaría ser designado por decreto”

Por otra parte, Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata, apenas confirmado el rechazo del Senado, emitió una cautelar en donde le indica que debe abstenerse de  tomar decisiones en la Corte Suprema  hasta tanto emita un fallo de fondo. Este viernes dio una entrevista explicando los fundamentos de su fallo.

Ramos Padilla explicó que dio a conocer su fallo apenas unos minutos después de la votación en el Senado.porque, dijo, si no actuaba rápido podía haber riesgos de que se desatara un “problema de seguridad jurídica”. Además, advirtió al resto de los cortesanos para que eviten cualquier participación de García-Mansilla, en sentencias o actos administrativos, al menos durante los tres meses que rige esta cautelar.

En primer término, el magistrado platense contó que se había presentado una acción colectiva de amparo en su juzgado con una solicitud de medida cautelar interina para que el académico directamente no jurara como magistrado (después del decreto de Milei), pero alegó que en ese momento no pudo hacer lugar a esta cuestión debido a que García-Mansilla ya había sido admitido por los otros cortesanos como miembro del máximo tribunal.

Narró que antes de tomar una decisión se propuso escuchar a representantes del Poder Ejecutivo, a García-Mansilla y incluso a Ariel Lijo, el otro juez federal designado por decreto pero que no asumió. 

“Ambos se presentaron, García-Mansilla dio sus argumentos, incluso manifestó que iba a continuar en el cargo aún cuando no se lo dieran por el procedimiento del artículo 99, inciso 4, con acuerdo del Senado, y entendió que solamente podía ser removido por juicio político”, aseguró Ramos Padilla en una entrevista con una radio porteña.

Aunque frente al senado, García.Mansilla había dicho que nunca aceptaría una designación por decreto, en su delcaración frente a Ramos Padilla cambió de criterio para coincidir con el del Ejecutivo Nacional, que sostiene que debe permanecer en la Corte hasta noviembre de este año, por el decreto que lo designó.

Ramos Padilla contó que después de que se expresasen las partes ya estaba en condiciones de dictar la cautelar, pero postergó su decisión debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel ya había convocado a la sesión especial que se hizo el jueves por la tarde, en la que los senadores rechazaron ambos pliegos por amplia suma de voluntades.

Fundamentos de la medida

“Lo que dispuse yo fue en el marco del procedimiento de jueces en comisión y se analizó todo en prima facie porque es una medida cautelar, después tendremos que dictar una sentencia de fondo donde se analice eventualmente la validez o no de los actos dictados por un juez de este modo o la validez del nombramiento. Pero lo que se dijo principalmente [en esta sentencia] fue que el doctor García-Mansilla decía que había una práctica constitucional aceptada que le permitía ser nombrado de esa manera y no la encontramos. Sinceramente, el precedente más cercano que teníamos era de 1962, cuando asumió [José María] Guido, lo habían derrocado a [Arturo] Frondizi y el propio Guido había dispuesto el cierre del Congreso. Guido juró ante la Corte y, cuando renunció el presidente de la Corte, mandó a un miembro designado en comisión. Cuando asumió no le dieron el acuerdo y volvió después con Onganía, cuando nuevamente no funcionaba el Congreso. No era un precedente válido a tener en cuenta”, expuso Ramos Padilla sobre una de las razones de su decisión.

Además, señaló que en la reforma constitucional de 1994 se establecieron “mecanismos especiales” para la designación de los magistrados, tanto de los inferiores como los de la Corte Suprema, para los que se incorporó la obligación de que tengan dos tercios de los respaldos en el Senado.

“Y lo que verificamos es que había un riesgo en la demora, verosimilitud del derecho y que había un problema de seguridad jurídica porque todo esto de un modo u otro hacía necesario dictar esta medida urgente”, argumentó y añadió que mientras que el Congreso analiza la idoneidad y los pliegos, la Justicia evalúa si es correcto el procedimiento para la selección.

Ramos Padilla advirtió que si García-Mansilla se niega a cumplir con esta decisión, hay mecanismos que prevé el Código Civil para hacer que acate la medida y por eso envió su aviso al resto de los integrantes de la Corte: el presidente, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. 

"Acá la orden que se dio no es solamente al doctor García-Mansilla, sino a toda la Corte Suprema, a todos los colegas que están con él, a los secretarios, de que todos se abstengan de que él pueda participar de este proceso hasta que no haya una sentencia definitiva”, planteó el juez de La Plata.

Y agregó: “No es una cuestión de nombres, ni de García-Mansilla, ni de Lijo; se trata de un procedimiento que está puesto bajo análisis del Poder Judicial en este expediente que, prima facie, se considera contrario a ciertas normas de la Constitución y eso rige para todos, porque todos los que conocen esta decisión conocen que deben abstenerse de que el doctor García-Mansilla tome conocimiento de los expedientes. Rige para todos, por eso fue notificado el presidente de la Corte, para que fuera notificado todo el cuerpo”.

De momento, Ramos Padilla se prepara para sacar un fallo definitivo. Mientras no se presente una apelación de la medida, regirá por tres meses la cautelar que impide al precario miembro de la Corte Suprema participar de cualquier modo en el cuerpo.