En la casi habitual conferencia de prensa del gobierno central, este lunes fue el turno de las telecomunicaciones.

El vocero Manuel Adorni encaró a la prensa presente en Casa Rosada al grito de decisiones que apuntan a “una mayor competencia entre las empresas del sector”.

La certeza, adujo el funcionario, es “ampliar la oferta” en pos de “un mejor servicio y menor precio”.

Por eso, como primera medida, el Gobierno va a “poner a disposición los 100 Megahertz de frecuencia que estaban reservados a Arsat para comunicaciones móviles y que no está utilizando”, además de los “50 Megahertz del Enacom”, con la idea de “impulsar inversiones” en materia de 5G.

Para Adorni, la cuestión significará “menos privilegios para las empresas públicas”.

Más medidas

A modo de anticipo, también certificó que se eliminará la actual “exención en el pago del IVA para diarios, revistas y medios digitales”, que significará ingresos a las arcas públicas de unos $ 264 mil millones.

Para tal cuestión, la recurrencia al DNU sería una salida oficial, con una segura judicialización posterior por parte de las empresas implicadas.

En este sentido, se remarcó que la Auditoría General de la Nación (AGN) hizo un análisis para el período comprendido entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de agosto del 2020 sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal al que aportan las empresas.

El resultado no sorprende: entre Telefónica y Telecom (Grupo Clarín), debían $ 3.000 millones en aportes. El vocero aportó que “Enacom omitió intimar a las empresas” y “falló en el control”.

Por eso, indicó que “la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará un proceso de exhaustivas investigaciones en todo el territorio de la Nación para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria”.

A su vez, se remarcó la reactivación de “la provisión de conectividad a 16 mil escuelas” y se anticipó la derogación de normas vigentes para el ordenamiento de señales en la grilla de la televisión paga.