La noticia impactó en comunidades originarias y en el Gobierno nacional: este jueves, en una sesión de la Cámara de Diputados de Mendoza, se aprobó un proyecto que decretó que "los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos". 

En un contexto de disputas territoriales mediados por la Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el INADI tomaron posición.

La declaración mendocina se aprobó por 30 votos a favor, 8 en contra, 6 abstenciones y 4 ausencias. Además de la declaración, argumentada en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, se expresó el repudio al DNU 850 del Gobierno Nacional, que prorrogó la Ley N° 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Asimismo, se expresó la preocupación por el procedimiento del INAI en la región.

En un comunicado conjunto, las instituciones estatales señalaron su preocupación por la aprobación del proyecto, indicando que quebranta el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, alcanzando las legislaciones de todas las provincias.

En la legislación se indica que Argentina está obligada a evitar “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

En ese sentido, el documento conjunto apuntó que "preocupa observar que, en ocasión de estar cumpliéndose 40 años ininterrumpidos de democracia, algunos sectores de nuestro país intentan hacernos retroceder con cuestiones ya saldadas en materia de respeto a los derechos humanos, como el hecho de que puedan ser cuestionados derechos reconocidos formalmente, por motivos raciales o de origen étnico".

Además señalaron que "agrava la situación que esta discriminación inconstitucional provenga de una institución de gobierno, como es una cámara legislativa provincial". "Este tipo de normas fomentan la reproducción de discursos de odio y legitiman prácticas muy peligrosas que ponen en jaque la garantía del Estado de derecho, la solidez de la democracia y de las instituciones", añadieron.

Finalmente, en el comunicado las instituciones nacionales le solicitan a "la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza que revea la decisión tomada y dé una clara señal de que los derechos son iguales para todos y todas, sin distinción étnico racial".