El gobierno traspasará 180 mil planes de organizaciones a intendentes y gobernadores
La medida se tomó después de una nueva reunión entre funcionarios y dirigentes sociales. Se trata del 15 por ciento del total de planes y representa a 1,2 millones de beneficiarios de los subsidios denominados Potencia Trabajo.
Luego de un nuevo capítulo en la interna del Frente de Todos, en el que la vicepresidenta Cristina Fernández dijo que el Estado debe retomar el control de los planes sociales, el gobierno nacional decidió quitarle el control de 180.000 subsidios a las organizaciones sociales y traspasarlos a la órbita de las provincias y los municipios.
Se trata de programas incluidos dentro del Potenciar Trabajo que otorga el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta, y equivalente a un 15% del total de 1,2 millones de beneficiarios.
La información, publicada por Clarín, se da a conocer el mismo día en que autoridades nacionales se reunieron con dirigentes piqueteros, que vienen reclamando el aumento de cupos del Potenciar Trabajo.
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El encuentro pasó a un cuarto intermedio para el jueves que viene, pero desde el Gobierno volvieron a rechazar asignar nuevos ingresos al programa mencionado.
La medida se da luego de auditorías que viene realizando Desarrollo Social, las que habrían revelado irregularidades dentro de las organizaciones sociales que ofician de intermediarias entre el Estado y el beneficiario.
La decisión también se conoce luego de que se hizo público que el Polo Obrero le cobra un dos por ciento del ingreso que percibe cada uno de los beneficiarios que reporta a esa organización, es decir, alrededor de unos 390 pesos a 60 mil personas, que daría un total mensual de 23,4 millones de pesos para la mencionada organización.
La pelea por los planes
El Polo Obrero es una de las organizaciones, junto a Barrios de Pie, que más planes recibe, y a la vez son los que realizan marchas y acampes contra el gobierno nacional, reclamando más subsidios en el marco del programa Potenciar Trabajo.
Dentro de los 177.000 beneficiarios que empezarán a percibir los planes desde los municipios o las gobernaciones, figuran aquellos que pidieron el cambio de Unidad Ejecutora, precisamente, por tener que pagar un porcentaje a intermediarios.
Fuente: Clarín