Tras seis meses de negociaciones, idas y vueltas, papelones y acuerdos, finalmente el gobierno libertario-macrista tuvo su primera victoria legislativa y gracias a los bloques “dialoguistas” obtuvo la aprobación de la Ley Bases (antes Ómnibus) y el Paquete Fiscal.

La primera versión, modificada en varias oportunidades, fue escrita por los estudios jurídicos vinculados al funcionario sin ministerio Federico Sturzenegger, y sólo contenía beneficios para los grandes empresarios y para eventuales inversores extranjeros, sin ningún artículo a favor de los argentinos de a pie.

Ver: El Congreso aprobó la ley Bases, restitución de Ganancias y baja en Bienes Personales

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la flamante ley contiene reformas que perjudican a las mayorías a la hora de trabajar, acceder a la salud, a la tierra o al derecho de vivir en un ambiente sano. El reconocido organismo considera que la herramienta impulsada por Javier Milei y sus aliados construirá una sociedad con más injusticia y desigualdad.

Menos aportes y estabilidad a la hora de trabajar

Con la excusa de “reducir costos laborales” no sólo se registrará un importante aumento de la desocupación, sino que además habrá más empleo precarizado.

Con el objetivo de crear más fuentes de trabajo en el sector privado, el Gobierno habilitará cambios en el sistema de contrataciones para, según su perspectiva, hacer crecer la masa de trabajadores registrados. Esta virtual reforma laboral, que habilita el marco legal para la flexibilización de las relaciones de trabajo, ya había sido introducida en el DNU 70/2023 y fue inhabilitada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que declaró inconstitucional el capítulo tras la intermediación de un recurso de amparo presentado por la CGT.

Según el Centro, habrá menos trabajo registrado ("en blanco"), ya que la ley favorece a los empleadores en detrimento de los empleados. Esto implica, a la vez, menos acceso a la salud y más dificultades a la hora de jubilarse. 

Además, el período de prueba en un empleo podrá estirarse a un año, y si el trabajador es despedido, la indemnización saldrá de su propio bolsillo a través de los descuentos que le hará la patronal.

Privilegios para empresas a costa del daño ambiental

La implementación del polémico RIGI, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, dará múltiples beneficios a las grandes empresas y capitales el Gobierno apunta a incorporar atractivos fiscales para todos aquellos proyectos de inversión en materia de industria gasífera, minera, petrolera y agropecuaria que superen los USD 200 millones. 

Se otorgarán exenciones impositivas en el pago de impuesto a las ganancias, el IVA, derechos de importación y tasa preferencial para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes. 

No se establecerán controles para cuidar el medio ambiente ni respetar a los pueblos que viven en sus territorios.

Libertad para desalojar

Ya no se requerirá una orden judicial para llevar adelante el desalojo de personas de tierras fiscales, sino que bastará con una decisión administrativa, lo que deja a miles de familias en condiciones más vulnerables aún, sin acceso a la vivienda ni a la tierra.

Milei podrá legislar, sin tener que  enviar los proyectos al Congreso

Esto es gracias a las facultades que le delegaron los propios diputados y senadores, algo que es inherente al Poder Legislativo.

La Ley Bases establece la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, delegando facultades del Congreso por el mismo plazo al Ejecutivo. Esta autorización, que el artículo 76 de la Constitución Nacional sólo acepta para circunstancias extraordinarias, habilitará al presidente argentino a tomar decisiones sin necesidad de aprobar leyes lo que, a los hechos, dejaría inhabilitado al Congreso para involucrarse en decisiones claves para el funcionamiento del Estado nacional.

Con dichas facultades, Milei podrá realizar una reforma administrativa que le permitirá disponer, modificar, o eliminar organismos del Estado de acuerdo a su criterio y sin control alguno.

Si bien el CONICET; la ANMAT; el INCAA; el ENACOM; el INCUCAI; el SENASA, entre otras instituciones fueron eliminadas de la lista de intervenciones luego de los acuerdos que los libertarios hicieron con los legisladores “dialoguistas” para que aprueben la ley, Milei tendrá la facultad para enviar menos presupuesto y achicar sus estructuras, una habilitación que, en manos de quien desea destruir “el Estado desde adentro”, puede llegar a ser peligroso.

Por otro lado, el mandatario quedaría habilitado a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos, recursos fundamentales para el funcionamiento de las arcas provinciales.

Privatizaciones 

La ley habilita al presidente a privatizar las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional. La iniciativa dictamina un listado de entidades entre las que se encuentran Energía Argentina S.A, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA), Belgrano Cargas y Logística S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. y Corredores Viales S.A.

Cabe señalar que quedaron fuera del listado a privatizar Aerolíneas Argentinas S.A, Radio y Televisión Argentina S.E. y el Correo Oficial de la República Argentina S.A

Más inequidad y desigualdad social

Al reincorporar el impuesto a las Ganancias, se estima que entre 800 mil y un millón de personas volverán a pagar el impuesto en alícuotas que van del 5 al 35%, cuando hasta ahora estaban exceptuados gracias a una ley aprobada a instancias del ex ministro de Economía Sergio Massa, votada a favor por el propio Milei.

Los trabajadores en relación de dependencia sin hijos menores y que ganan más de $ 1.800.000 brutos mensuales (es decir, unos $ 1.500.000 netos) o más de $ 2.200.000 brutos ($ 1.950.000 netos) con dos hijos deberán pagar Ganancias.

Ver: Con la Ley Bases aprobada, quiénes y cómo vuelven a pagar Ganancias

Como contracara, se reducirán alícuotas y se permitiría anticipar tributos hasta el 2027 en Bienes Personales. Entre 2024 y 2026 quedarían vigente solo dos alícuotas, entre 1,25% y 1,50% y desde 2027, una única tasa de 0,25%, lo que favorece a los que más tienen.