Apenas comenzaban los senadores el tratamiento de la media sanción que venía de diputados de "Ley Bases" cuando el senador Lousteau filmó un video y puso tres condiciones para acompañar el proyecto: recomposición de las jubilaciones, financiamiento de las universidades y obras públicas. Llegada la semana crucial para el tratamiento, el libreto ha cambiado sutilmente, pero no la intención de hacer pesar su disidencia para ganar notoriedad y esparcir sal sobre la heridas internas de su partido.

Mientras el Gobierno negocia contrarreloj con sectores de la oposición dialoguista de cara a la sesión del próximo miércoles (y ha puesto a todos sus voceros a anunciar la segura aprobación) Lousteau presentó este viernes su propio dictamen de minoría de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Propone cambios profundos respecto a la versión que quieren aprobar los libertarios. Según el entorno de  Lousteau las conceciones que le permitieron al oficialismo llevarse el dictamen de mayoría la semana pasada, solo fueron “cosméticas”.

Entre sus principales diferencias se destaca la eliminación de las emergencias y, por lo tanto, de las facultades delegadas. Con el voto en contra del senador Pablo Blanco (UCR) y de Martín Lousteau, más los 33 peronistas, la oposición solo debería sumar dos votos más para rechazar ese artículo. Un panorama bastante complejo para la Casa Rosada.

Una regla básica de la cámara alta de Argentina, y en general de los toma y daca de la política nacional, es que mientras más cerca se está del número, más “caros” se compran los votos que faltan. Hacer pública esta posición en la recta final del tratamiento de la ley en el senado es una zancadilla fenomenal que obligará a un esfuerzo extra del gobierno si quiere llevar a buen puerto el proyecto. En estas condiciones sería extraño que no haya negociaciones hasta último momento, incluso durante la propia sesión.

Las condiciones

En cuanto a las privatizaciones, el dictamen de Lousteau excluye Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y TV Argentina de la lista de empresas que el Gobierno puede vender. En ese sentido, obliga al Poder Ejecutivo a presentar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones una propuesta para la privatización. Allí se debería dar garantías, siempre de acuerdo al “Dictamen Lousteau”, la forma en la que se asegurará la vinculación aerocomercial entre distintos puntos del país.
En el caso de Nucleoeléctrica, el Estado nacional deberá mantener el control de la voluntad social para garantizar la seguridad y el adecuado mantenimiento de las centrales nucleares.

Por otro lado, incorpora la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que ya recibió media sanción en Diputados y que el propio Javier Milei adelantó que vetaría en caso de ser ratificada por el Senado. También se incluye el financiamiento de las universidades que todavía sigue en discusión entre el Gobierno y los rectores. 

La actualización de las partidas para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales se hará de forma bimestral en base a los datos de inflación. También se declara la Educación como servicio esencial.
Todos estos apartados cumplen a la finalidad de meter una cuña para el caso de que, como espera el gobierno, el proyecto que salga del Senado deba ser aprobado por una mayoría que necesariamente incluiría a radicales a los que aún les queda sensibilidad por los temas previsionales y la eduación.

En cuanto a las obras públicas, que quedaron en el centro de la discusión política luego de que el jefe de Gabinete Guillermo Francos anunciara futuros recortes si se aprobaba la reforma jubilatoria, el dictamen de Lousteau estipula excluir la suspensión o rescisión a los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutados en un 75% a la fecha de la sanción de la ley, o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción.

En su dictamen, Lousteau no se opone a un blanqueo, pero estipula que no podrán acceder quienes hayan sido procesados por lavado, los no residentes o testaferros y quienes hayan ingresado a un blanqueo en los últimos diez años. Este último apartado dejará afuera a una masa de “blanqueadores” muy grande. 
En tanto ni la legislación ni la actividad de persecución de el dinero “negro” de Argentina, no cambia, las personas físicas y jurídicas que se acogen a los blanqueos, suelen ser reincidentes.

Nadie espera que el dictamen tenga algún acompañamiento, por lo que se cumple “el teorema de Baglini”:  el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder.

Lousteau propone reformas que no osó ejecutar cuando le toco conducir la economía Argentina: quienes hagan uso del blanqueo no podrán luego gozar de las tasas (más favorables) de nuevo régimen de Bienes Personales. Por otro lado, los fondos que ingresen al país por el blanqueo serán coparticipados con las provincias. 

En la misma línea, la reforma laboral no replica la propuesta hecha por el propio bloque radical en Diputados y retoma un proyecto de Lousteau que tiene estado parlamentario en el Senado. En términos generales busca estandarizar la multas para brindar más certidumbre, incorpora diferentes incentivos para la formalización y permite la ultra actividad de los convenios colectivos (que sigan vigentes hasta que se negocie un nuevo convenio) sólo si fueron firmados en el siglo XXI.

En el capítulo de Ganancias el proyecto de Lousteau “sube un escalón” el mínimo imponible para “darle un respiro a la clase media” y busca compensar esa merma de recaudación con una alícuota más alta de Bienes Personales. A su vez, cerca del Presidente de la UCR consideran que la diferencia con los trabajadores patagónicos que el Gobierno concedió para asegurarse más votos es “injusta” ya que las diferencias en la canasta básica de las zonas desfavorables ya es contemplada en los salarios, que en promedio son más altos justamente por esta razón.

A pocos días de la sesión, Lousteau evita adelantar cómo votará, aunque sus allegados aclaran que “defenderá su dictamen”. Es decir, el Gobierno probablemente deberá contabilizar otro voto de rechazo o una abstención -en el mejor de los casos- a la hora de la votación en general.