Esta mañana, la Justicia dispuso las detenciones de tres integrantes del espacio Revolución Federal. Ellos son Gastón Guerra, Leonardo Sosa y, uno de los líderes, Jonathan Ezequiel Monreal. Sucedió en el marco de la causa que investiga las amenazas y mensajes violentos que difundió la agrupación en redes sociales. 

Hoy la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó 11 allanamientos en los que detuvieron a los tres involucrados. Todas los procedimientos tuvieron lugar en diferentes barrios de la provincia de Buenos Aires. Morel fue detenido en su domicilio de la localidad de Munro, Sosa en su casa de Villa Ballester y Guerra en Moreno. 

Todo sucedió en el marco de la causa de averiguación de delitos en la que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi. 

Según informó Télam, la decisión de efectuar las detenciones fue adoptada por este juez federal en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. 

Vale recordar que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada el martes pasado como querellante en esta investigación que pretende esclarecer las amenazas y mensajes violentos en torno a su persona. 

Los abogados de la Vicepresidenta, Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas. Esto se debe a que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido a la ex mandataria y que está radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti. Pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos suficientes que permitieran establecer una conexión entre los dos expedientes.

A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran su trámite por separado.

En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la Justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título "¿Hay que pudrirla?".

En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma "Caputo Hermanos", según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.

Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería.

Ubeira había reclamado que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro Caputo "no son una casualidad".