La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó con prisión preventiva a Nicolás Gabriel Carrizo y a Agustina Díaz como partícipes secundarios del intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, perpetrado el 1 de septiembre pasado.

La magistrada valoró en su resolución que ambos procesados tenían en sus teléfonos celulares -a través de sus sistemas de Whatsapp- información sensible vinculada con el ataque fallido contra la expresidenta, según surge del fallo judicial al que tuvo acceso Télam.

Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Díaz, en tanto, es una amiga Uliarte que después del ataque fallido le sugirió que borrara toda la información de su celular y que desde antes sabía que ella había adquirido una pistola.

En su resolución, la jueza Capuchetti consideró que "los sucesos del 1 de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz".

En ese sentido, señaló que "quedó acreditado por los mensajes enviados en la previa del hecho, y con posterioridad al mismo que, Carrizo y Díaz planificaron el evento criminoso y sus participaciones serán secundarias ya que, de no haber efectuado sus contribuciones, el delito igualmente podría haberse configurado de la manera en que se hizo y conforme la concreción del plan criminal acordado".

En esta causa ya estaban procesados con prisión preventiva como coautores del intento de homicidio Sabag Montiel, el hombre que empuñó y gatilló la pistola Bersa calibre 32 a centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta, y su pareja "Ambar" Uliarte, que lo acompañó aquella noche hasta Juncal y Uruguay.

La magistrada reveló en su resolución que entre las medidas que aún se encuentran en curso está la "extracción del contenido del teléfono celular de Fernando André Sabag Montiel que a la fecha se encuentra en pleno curso por parte de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) y cuyo resultado puede desembocar en nuevas imputaciones y la determinación de cursos de investigación hasta ahora no abordados".

Fuente: Télam