La Cámara 10ª del Crimen condenó a 28 personas por la causa denominada “call center tumbero”.

Los condenados habían sido acusados de formar parte de una banda que hacía estafas telefónicas virtuales desde la cárcel de Villa María. Internos de la cárcel cometían las estafas y desde afuera, otro grupo se encargaba de recolectar el dinero de los estafados.

Los principales imputados por asociación ilícita son: Daniel Alejandro Barroso, Mario Leonardo Heredia, Rubén Alejandro Heredia, Emanuel Nicolás Ruiz, Josué Gabriel Tejeda y Juan Manuel Vázquez.

Escándalo: la banda que estafaba desde la cárcel tenía celulares de "manera habitual"

También hay otros imputados acusados de ser coorganizadores de asociación ilícita y estafas reiteradas, brindando apoyo desde fuera de la cárcel de Villa María.

El fiscal de la causa Gustavo Arocena expresó: “la Cámara ha hecho lugar a todos los pedidos de la fiscalía, logrando la condena de todos los acusados”.

Y agregó: “27 fueron condenados y el restante fue declarado su responsabilidad penal en virtud de su minoridad”.

Muchos de los imputados tuvieron penas unificadas ya que estaban cumpliendo condenas.

Por ejemplo, Ruben Alejandro Heredia fue condenado a 11 años y 8 meses de prisión con declaración por reincidencia. Esa pena se unificó con otra pena a 14 años y 4 meses de prisión.

Mario Leonardo Heredia recibió una pena de 10 años y 8 meses de prisión con unificación de condena a 11 años y 1 mes de prisión.

Ruben Alejandro Heredia, 11 años y 8 meses de prisión con declaración por reincidencia. Esa pena se unificó con otra pena a 14 años y 4 meses de prisión.

Juan Manuel Vázquez tuvo una condena de 7 años y 8 meses de prisión.

Daniel Barroso (6 años y 4 meses de condena unificada a 11 años y 4 meses), Emanuel Nicolás Ruiz, Ruben Alejandro Heredia, Mario Leonardo Heredia, Juan Manuel Vázquez y Josué Tejeda fueron señalados como los principales organizadores de la asociación ilícita.

“Es un fallo señero que va a marcar un hito importante en la historia judicial de Córdoba como respuesta para estos delitos que se cometan en estos delitos penitenciarios”, remarcó Arocena.

El fiscal también destacó que hay 10 millones de pesos para indemnizar a los damnificados.