Cómo es el sistema de entrega de vehículos secuestrados por parte de la justicia

La polémica por la utilización de una camioneta que habría sido entregada por el Poder Judicial de Córdoba al legislador Oscar González que terminó con la vida de una mujer y le causó heridas graves a dos adolescentes, sigue en el centro de la escena.

Según el especialista en seguridad, Miguel Robles, hay al menos tres puntos que la justicia deberá dilucidar, luego la tragedia ocurrida el domingo en las Altas Cumbres.

Ver: Accidente fatal en Altas Cumbres: imputaron a Oscar González y buscan testigos

El ex Extitular de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de la Nación indicó que “lo que sería investigable o irregular es qué hacía un sábado a la tarde González utilizando un vehículo entregado por la justicia de Córdoba”, que ya estaba al tanto que había una camioneta melliza en Buenos Aires, y pese a lo cual seguía en la calle. 

Cabe recordar que el ex arquero Gastón Sessa radicado en Chascomús, provincia de Buenos Aires, le había notificado a la justicia cordobesa que al mes de haber adquirido una camioneta como parte de pago de una operación inmobiliaria, le comenzaron a llegar multas originadas en Córdoba, pese a nunca haber viajado a dicha provincia.

Robles advirtió que también se debe investigar si las infracciones por alta velocidad cometidas por el mismo vehículo - un BMW X1 dominio AB293MY- con anterioridad al accidente fatal, pueden tomarse “como indicio del hecho que se está investigando en las Altas Cumbres”.

En diálogo con Radio Universidad, el experto sostuvo que también se debe saber si el vehículo en cuestión “está debidamente registrado dentro del poder que lo recibió, en este caso el poder legislativo, y cómo fue reasignado a su vez a la persona que en este caso está siendo investigada -por González- o a terceros”.

Cómo es el sistema de entrega y distribución de los autos secuestrados por la justicia

Según explicó Robles, tanto la Justicia Federal como la de Córdoba deben cumplimentar ciertos requisitos al hacer entrega de los vehículos.

En la provincia mediterránea existe una ley que así lo establece: "Hay vehículos que son producto o provecho del delito" ejemplo  alguien viene y roba un vehículo de la calle para cometer otro delito, adultera el número de chasis,motor, de modo tal que no puede ser identificado ni con un revenido químico proceso que se hace para tratar de obtener los números originales", sostuvo Robles.

"Una vez secuestrado y no se puede ver el origen ni la identidad de ese vehículo, es afectado al servicio público a través de una oficina que tiene el Poder Judicial que está dentro del Tribunal Superior de Justicia. Esta oficina es la encargada de recolectar estos vehículos y de algún modo distribuirlos. Este es un grave problema que existe porque ustedes imaginarán la cantidad de vehículos que están en esas condiciones", detalló el experto.

Ver: Oscar González tenía multas por exceso de velocidad antes del fatal accidente 

Según el sitio oficial de la justicia de Córdoba, existen 3442 vehículos en esa condición. 

Robles explicó que el rodado “se entrega tal cual se recibió, no se le cambia nada porque es imposible determinar cuál es el origen y cuál es realmente su identidad a nivel administrativo. No se le puede cambiar la patente”, remarcó. “Esto viene de un tribunal, se lo entrega a una oficina especializada que es de automotores, y esa oficina especializada lo afecta principalmente al servicio público”, dijo Robles.

A la vez, el columnista de Radio Universidad dijo que, entre otras condiciones, el vehículo al ser entregado “siempre tiene que estar identificado o con posibilidades de ser identificado” (algunos dicen afectados al servicio publico, salvo en los que son asignados a investigaciones de delitos) y deben tener toda la documentación en regla, como seguro al día ya que, de ocasionar un siniestro, la justicia o el gobierno de Córdoba serían solidariamente responsables ante eso. 

Ver: Nazarena Torres, la joven atropellada por Oscar González: "No fue solo un raspón"

A la vez, Robles aclaró que “un vehículo de estas características no puede estar afectado al servicio particular de una persona. Yo no puedo ir al supermercado a comprar con el vehículo que me otorgaron para trabajar”, subrayó.

Respecto del caso de González sostuvo: “aparentemente si él fue depositario judicial y él puede justificar que estaba cumpliendo un servicio público, es decir, se trasladaba en su calidad de legislador porque había tenido algún tipo de actividad oficial, en principio, más allá del reproche ético y de la bronca que puede generar en el ciudadano, no sería una falta administrativa ni un delito. Ahora, si él lo estaba usando en provecho propio, sería otra situación”, explicó Robles.

La camioneta que utilizaba González no figura en el buscador oficial de la justicia de Córdoba, por lo que el especialista dedujo que debió haber sido entregada al poder legislativo por la justicia federal. 

“Todos los poderes del Estado reciben ese tipo de vehículos. La policía (los recibe) tienen un montón de vehículos secuestrados”, culminó el experto.

Como siempre ocurre en casos que involucran a funcionarios cordobeses con presuntos delitos, el gobierno provincial encabezado por Juan Schiaretti permanece en silencio absoluto respecto de la tragedia de las Altas Cumbres y de la entrega de la camioneta a González.

Esuchá la nota completa de Alta Mañana: