Córdoba: declaran la semana próxima los acusados de trata y subrogación de vientres

La semana próxima serán indagados los nueve acusados por captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para que "alquilen" sus vientres. Entre ellos se encuentran los titulares de dos clínicas de fertilización asistida de Córdoba que ofrecían el "servicio", además abogados que ocultaban la situación de las víctimas y psicólogos que certificaban la aptitud de las mujeres para estos procedimientos.

Entre el 30 de julio y el 2 de agosto el juez federal Alejandro Sánchez Freytes y los fiscales Carlos Gonella y Enrique Senestrari indagarán a los sospechosos.

Esto se realiza con el apoyo de la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano.

Luego de las declaraciones los imputados podrían ser procesados o no. Por lo pronto los fiscales ya apelaron ante la Cámara Federal la negativa del magistrado de dictarles la prisión preventiva.

Ver: Córdoba: nueve acusados por captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para que "alquilen" sus vientres

Gonella explicó que después de las indagatorias “el juez tiene que adoptar una decisión sobre la situación procesal, es decir, dictar el procesamiento o no, por la hipótesis de trata de personas relacionadas a estos 14 casos de gestación por sustitución y vientre subrogados, respecto al cual acusamos a integrantes estudios jurídicos, de clínicas y de gabinetes psicológicos por intermediar, entre matrimonios, comitentes y mujeres gestantes extremadamente vulnerables que fueron captadas por este grupo de personas a los fines de posibilitar su vientre o facilitar su vientre para gestar un niño o una niña que finalmente es anotado para estas parejas denominadas comitentes”.

El caso

Según la investigación, que se conoció hace diez días, los acusados habrían captado con fines de explotación a un número aún no determinado de mujeres en situación de vulnerabilidad para ofrecerlas como gestantes en la técnica de fertilización asistida denominada gestación por subrogación, a cambio de una suma de dinero aún no determinada.

De acuerdo al expediente, los centros de salud estaban en contacto con las víctimas a través de sus “donaciones de óvulos” -práctica que en muchos casos consistió en la primera vía de captación-, o por haber sido captadas por otros imputados; en muchos casos, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

La fiscalía detalló que los médicos directores de estos establecimientos habrían ofrecido las mujeres víctimas a los padres intencionales que se habrían acercado a la clínica para consultar y, posteriormente realizar, la gestación por subrogación. 

Luego, abogados cercanos a estas clínicas habrían tomado participación en la maniobra, gestionando la órbita judicial del tema, especialmente en el ocultamiento de la verdadera situación de las víctimas, su relación con los comitentes y el aspecto económico del acuerdo que presentarían ante los jueces para facilitar su homologación y autorización del procedimiento.

Una vez realizado el supuesto acuerdo para la gestación, los imputados habrían contado con la colaboración de especialistas en psicología quienes, ocultando las condiciones y la vulnerabilidad de las víctimas, certificaban su aptitud psicológica para tal procedimiento. 

Por último, la maniobra se completaba con la intervención de abogados que presentaban en el fuero provincial de la ciudad de Córdoba un supuesto acuerdo de homologación a través del cual relataban una situación de amistad entre las partes, que en los hechos era inexistente, así como describían un supuesto fin  altruista y filantrópico como único móvil de la mujer gestante en cuestión. 

El requerimiento de instrucción presentado por el Ministerio Público Fiscal contempla la existencia de catorce casos entre las dos clínicas, e incluye también denuncias de hostigamiento por parte de los acusados hacia mujeres que, tras presentar dudas, decidieron no ser parte de estas maniobras. 

Para los fiscales, los hechos denunciados encuadran en la figura de trata con fines de explotación, agravado por mediar engaño, fraude, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento, que las víctimas estuvieran embarazadas y sean más de tres, y en la comisión del delito participaren tres o más personas.

La Justicia solicitó que se convoque a declaración indagatoria a los nueve imputados y que se ordene la inmediata detención de los máximos responsables, e incluso de los que habrían generado conductas de hostigamiento hacia mujeres que habrían decidido desistir de los procedimientos de fertilidad cuestionados. 

Los fiscales también requirieron que se disponga asistencia psicológica y médica para las víctimas, medidas de protección frente a cualquier represalia contra sus personas y familias, y asistencia jurídica para el momento de recibirles declaración testimonial.

Además, solicitaron el allanamiento de las clínicas de fertilidad involucradas a los fines de obtener las historias clínicas de las víctimas que hayan realizado los procedimientos de ovodonación y gestación por subrogación, como también el secuestro de toda documentación que pueda dar cuenta de los ingresos y egresos de dinero de las clínicas en el período investigado. 

Por último, el Ministerio Público Fiscal requirió medidas cautelares de índole patrimonial para garantizar la reparación económica a las víctimas identificadas en la causa una vez que se dicte una sentencia definitiva, por lo que solicitó ordenar la inhibición general de bienes de los nueve imputados, que fue concedida por el juzgado.

Escuchá la nota al fiscal federal Carlos Gonella: