Un trabajador de Río Tercero, provincia de Córdoba, demandó a una automotriz para que reestructure la deuda que tiene con un autoplan, ya que la cuota que le impusieron le insume el 94% por ciento de su salario, algo que resulta confiscatorio.

La presentación la hizo el abogado del operario, Andrés Sánchez, en el Juzgado Federal de Villa María, donde , además, ofreció como trato razonable, destinar el 30% de su remuneración para el pago de la deuda y la baja de un 50% de la cuota pura. .

A la vez, el hombre solicitó una indemnización de 350 mil pesos en concepto de presunto daño punitivo, 71.800 por supuesto incumplimiento contractual y unos 80 mil por devolución de honorarios por administración, lo que suma alrededor de 502 mil pesos en total.

En los últimos años se presentaron muchas demandas por el aumento abusivo de las cuotas de los planes de ahorro. Foto: Télam
En los últimos años se presentaron muchas demandas por el aumento abusivo de las cuotas de los planes de ahorro. Foto: Télam

El caso

En 2020, el trabajador vendió su auto y se suscribió a un plan de ahorro, entregando además entregó 150 mil pesos, para poder llegar a comprarse su primer cero kilómetro, a pagar en cuotas.

De acuerdo a lo que relató, el vendedor le garantizó verbalmente que el valor de la cuota iba a ser accesible (de unos 8.500 pesos aproximadamente), con aumentos que acompañarían los incrementos salariales.

Bajo esas condiciones, el hombre compró el autoplan. Las cuotas fueron aumentando, pero la última cuota le vino con un valor inalcanzable: $ 340 mil, lo que implica una suba del 2.600%

“Desde el comienzo de la relación contractual consumeril, los demandados no cumplieron con lo acordado, ya que el automóvil no fue entregado en la fecha pactada”, dijo Sánchez, y reclamó la aplicación de la penalidad registrada en el acuerdo.

Le entregaron el vehículo 55 días después de la fecha acordada, luego de que efectuara un pago de 50 mil pesos, algo que ni el vendedor del plan, ni la concesionaria ni el fabricante le habían anticipado que debía pagar.  

“Al transcurrir los meses, la cuota empezó a escalar de manera inconmensurable, aún de modo superior a la lamentable inflación que castiga a todos los argentinos, encontrándose en la imposibilidad de seguir pagando puntualmente el importe de la cuota, en tanto implicaría postergar gastos esenciales para su persona y su grupo familiar”, explicó el letrado.

Sánchez indicó que, ante el abusivo incremento de las cuotas, que superaban ampliamente la inflación, se produjo "un desequilibrio en la ecuación económica del contrato”,  y el trabajador se vio imposibilitado de seguir pagándolas, lo que le generó una deuda con la automotriz. 

Según explicó, los aumentos de un mes a otro oscilaban entre los tres mil y los cuatro mil pesos, y hasta los siete mil pesos. El monto de la cuota asciende a 41.450 pesos (lleva canceladas 20 de 84), el 93,9 por ciento de su magro salario, que alcanza los 44.144 pesos.

El hombre planteó que tiene escasa instrucción, y aludió a la falta de información del concesionario que hizo que no tuviera ni noción de los aumentos que sufriría en su plan. Y argumentó que de habérselo informado, no hubiera vendido su auto para someterse a la situación actual.

“Estamos frente a un contrato de adhesión, el cual se encuentra plagado de cláusulas abusivas, que hacen múltiples remisiones a otras normas, y cláusulas fuera del contrato, por lo que a una persona que no se encuentra en el ámbito financiero le resulta casi imposible entender el contrato que estas grandes empresas hacen suscribir para obtener el crédito, pensando que el mismo se reduce al pago mensual de las cuotas”, se indicó en la demanda.

“La concesionaria jamás fue clara con los gastos previos administrativos, ni gastos de patentamiento, ni los aumentos que iban a tener las cuotas, ni el modo en el que iban a darse. Simplemente, se limitó a persuadir con la ilusión de todo trabajador de llegar al cero kilómetros y de que si no lo aprovechaba, se estaba perdiendo una oportunidad única, con supuestas bonificaciones y promociones”, señaló el letrado.

Al dar por fracasado el reclamo administrativo, demandó al fabricante, “buscando que el contrato vuelva a tener el equilibrio entre las prestaciones, conforme había sido pactado en su origen”.

Por último, el abogado pidió también una medida para que no le secuestren el auto por demora en el pago.

Fuente: La Voz