Hace poco más de un mes, en el marco de una serie de denuncias contra miembros de las fuerzas de seguridad provinciales, la opinión pública era conmovida por los detalles de un caso que involucraba un verdadero “andamiaje para el delito”.

Detienen a seis integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba

Es que, en principio, miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba (FPA) utilizaban parte de la droga incautada en procedimientos “legales” para pagar a informantes ("dateros") que sin duda entregaban información que dirigía los operativos de la FPA contra sus competidores.

La cuestión se hizo pública cuando se ordenó la detención de seis integrantes de la FPA, entre ellos el jefe en funciones de la brigada de Cruz del Eje más tres integrantes de esa dependencia, junto con dos de Deán Funes.

En la misma causa, al día de la fecha, ya hay 10 imputados y ocho detenidos. Uno de los imputados ya habría confesado pertenecer a una asociación ilícita y otros ya habrían solicitado formalmente ampliar su declaración.

Contra un fiscal, un secretario y un jefe

En aquel momento se imputó a un funcionario judicial de la Secretaría Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Cruz del Eje como supuesto autor de los delitos de Encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad.

En la jornada de ayer, en base a la investigación realizada, el Fiscal Juan Pablo Klinger requirió al Juez de Control la investigación jurisdiccional del fiscal de instrucción y del secretario de la Fiscalía Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de las sedes judiciales de Carlos Paz, Cosquín y Cruz del Eje y del ex jefe de la Brigada de investigaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Cruz del Eje.

El fiscal Raúl Ramírez habría formado parte de ese concierto de voluntades delictivas. Al tener fueros por ser funcionario de la Justicia, Klinger no lo puede investigar y por eso recurre al juez de control.

El fiscal Klinger considera, fundado en un minucioso análisis de toda la evidencia recabada, que existen motivos bastantes “para sospechar que los funcionarios aludidos habrían tomado conocimiento de la sustracción de cantidades significativas de estupefacientes secuestrados y pese a ello, intencionalmente habrían dejado de promover la persecución y represión penal para individualizar a los autores de ese delito, obrando con abuso de sus funciones al no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento les incumbía”. 

En base a la evidencias reunidas, se les imputa a los funcionarios judiciales los delitos de Incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión, Encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionarios públicos y Abuso de autoridad.

El ex Jefe de la Brigada de Investigación de Cruz del Eje es acusado de los delitos de violación de prueba a título culposo e incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión, encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad.