En Córdoba hay una deuda laboral del Estado hacia las personas con discapacidad
Así lo precisó un estudio realizado en la Universidad Nacional de Córdoba. El 70% de los organismos públicos nacionales relevados hasta ahora no cumplen con la ley que exige un cupo mínimo del 4%.
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) lleva adelante un proyecto de investigación titulado “Diagnóstico sobre el empleo público de personas con discapacidad, en dependencias de jurisdicción nacional, en la ciudad de Córdoba”.
En los primeros acercamientos al campo se reveló que, a pesar de que existe una ley al respecto, el cupo mínimo del 4% para personas con discapacidad sigue siendo una deuda en los organismos públicos del Estado Nacional en Córdoba.
Este proyecto es financiado por el Observatorio Social Cultural para el Desarrollo Sostenible (OSCDS) de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC.
Este martes, informaron que en Córdoba se detectó que el 70% de los organismos relevados no cuentan con trabajadores/as con discapacidad en sus filiales o sucursales de la ciudad de Córdoba.
Cabe recordar que la Ley nacional 22.431 establece que los tres poderes del Estado nacional, además de los organismos descentralizados, autárquicos, entes públicos no estatales, empresas del Estado y empresas privadas concesionarias de servicios públicos deben asegurar la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Esto implica que deben trabajar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El trabajo espera realizar un análisis cualitativo en por lo menos 20 organismos en la ciudad de Córdoba. Hasta el momento se relevó al 50% de las instituciones incluidas en la muestra.
Un mercado laboral difícil para el sector
Un estudio estadístico oficial de Argentina, realizado en 2018, precisa que hay 3.571.983 personas que tienen algún tipo de limitación física o intelectual. Esto implica que más del 25% de los hogares tiene al menos un integrante con esta condición.
Su derecho a un trabajo es uno de los más vulnerados. Su tasa de actividad es más baja que la del resto de la población: sólo 35,9% de las personas en edad de trabajar están ocupadas o buscan trabajo activamente.