Falsos certificados de Bomberos: no descartan mas detenciones e investigan complicidades municipales

La investigación de la causa por la falsificación de Certificados de Habilitación de Bomberos para conseguir habilitaciones municipales de comercios, en la que, tras catorce allanamientos, siete personas fueron detenidas el martes último, sigue adelante y no se descartan nuevas detenciones y posibles complicidades de funcionarios o empleados de distintos municipios.

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Entre los detenidos se encuentran los ex bomberos Eduardo Arturo Rivero y Julio Zarate; Marcos Fernando Luquez, otro bombero actualmente en funciones; los ingenieros en Higiene y Seguridad, Mario García, Félix Rafael Calama; el técnico en gestión ambiental Roque Olmedo y el policía Leonardo Gorosito.

Todos están imputados por el presunto delito de asociación ilícita y según la fiscalía hay elementos de pruebas suficientes que los incriminan en la organización que “vendía” los Certificados de Habilitación de Bomberos sin que hiciera falta cumplir con los requisitos exigidos y en tiempo récord.

Fuentes judiciales señalan que los integrantes de la banda cobraban entre $100.000 y $500.000 cada certificado trucho, de acuerdo a la superficie del comercio que lo solicitara. 

El ayudante del fiscal en la Unidad Judicial Especializada en Delitos Económicos, Pablo Bazán, señaló que “había diversas modalidades” de la maniobra. 

En diálogo con el programa “Ponete al día” por radio Universidad, el funcionario judicial aseguró en algunos casos se comprobó que existían “certificados materialmente apócrifos, es decir que no fueron resultado del ingreso de un trámite al Departamento de Bomberos; y por otro lado, vemos que ingresaron trámites y se expidieron Certificados de Habilitación de Bomberos, cuyo contenido es falaz".

Ambas modalidades estaban “orientadas al mismo propósito, que es certificar que diversos establecimientos comerciales están en condiciones de ser habilitados, cuando en realidad esto no era así”, remarcó Bazán.

En otro orden, sostuvo que se trataba de un negocio millonario que “representaba una importante ganancia económica para los miembros de esta agrupación, dado que se constató que alguna de estas personas llevaban una vida bastante acomodada en materia económica”.

Bazán explicó que “algunos establecimientos, dada las dimensiones y el rubro específico, en los que existe una carga de fuego elevada, necesariamente tiene que cumplir uno de los requisitos”, que es el control de Bomberos.

En esos casos, “el negocio encomienda la gestión a alguien, para que sea el departamento de Bomberos el encargado de certificar si las condiciones, de acuerdo a la normativa en materia de prevención de incendios, se cumple”, añadió.

Posteriormente, una vez cumplimentada esta etapa, junto a otros requisitos, “todo ese expediente es presentado en la correspondiente municipalidad, que tiene el control de policía, y es quien realiza también otra inspección para constatar si ese establecimiento está en condiciones de ser habilitado”, expresó el funcionario judicial.

Aclaró no obstante, que si bien no hay imputaciones de funcionarios o empleados municipales, lo que no se descarta, se investigan posibles responsabilidades. Cabe recordar que se analizaron casos de la Municipalidad de Córdoba y Villa Carlos Paz.

Con la investigación en pleno desarrollo, Bazán reconoció que se constataron casos en los que “la municipalidad intervenía, pero habiendo recibido alguno de estos certificados que eran materialmente falsos" (es decir que no fueron resultado del ingreso de un trámite al Departamento de Bomberos)”, no inspeccionaron los comercios y habilitaron igualmente al comercio.

Es decir que en esos casos, los funcionarios o empleados municipales correspondientes, no constataron en el establecimiento ni en el departamento de Bomberos, la existencia de los requisitos que debían cumplirse, y no obstante ello, otorgaron las habilitaciones.

Bazán admitió que hay al menos un centenar de locales que se encontrarían investigados, entre los que se encuentran clínicas, boliches, bares y restaurantes de la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz hasta el momento, los que en caso de que cuenten con la habilitación “trucha”, deberían ser clausurados por los municipios, una vez que reciban la información obrante en la investigación.