Juicio: arrancan los alegatos y el fiscal federal Viaut niega haber cobrado coimas
En las jornadas anteriores, tres de los imputados reconocieron los hechos y pidieron perdón. Están acusados de tráfico de influencias y ofrecer pagos para frenar investigaciones.
En el marco del juicio contra fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut y otros imputados por ofrecer y cobrar coimas para frenar investigaciones, que se lleva adelante en el Tribunal Federal 2 de Córdoba, en la tarde del jueves comenzarán los alegatos, etapa previa a la sentencia.
Tanto Viaut, como su estrecho colaborador Darío Rivarola, están acusados de pedir coimas millonarias para frenar investigaciones y por tráfico de influencias. También están imputados Gerardo Panero de Las Varillas y Walter Fattore de Pozo del Molle, por tráfico de influencias, mientras que el empresario Víctor Brugnone está acusado de cohecho activo, es decir ofrecer coimas a un funcionario público.
En el marco del juicio, los tres últimos confesaron ante el tribunal por los delitos de los que están acusados y pidieron perdón. En el caso de Brugnone, cuyo hijo fue detenido por abuso sexual, reconoció que se sintió estafado porque pagó 17 mil dólares de coima y "su hijo sigue preso".
En declaraciones a www.Cba24n.com.ar, el fiscal federal dijo que "es totalmente inocente de las acusaciones" en su contra, y que durante el alegato "lo va a demostrar", haciendo referencia a las pruebas que acreditarían sus afirmaciones. "No existe en toda la causa un solo indicio que tenga que ver con que haya pedido dinero por alguna causa mía", expresó el funcionario judicial acusado.
Tanto el fiscal federal Carlos Gonella, como el querellante Alberione, podrían pedir penas de cumplimiento efectivo para el fiscal federal de San Francisco durante sus alegatos, de acuerdo a los trascendidos.
Cabe recordar que uno de los delitos por el que se lo acusa es la "concusión agravada" (cobro de coimas) prevé penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua.
La "concusión" está definida como un "delito contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público con abuso de su cargo, solicita, exige o hace pagar indebidamente, por sí o por persona interpuesta, una contribución, un derecho o una dádiva; o cobra mayores derechos que los que corresponden y los convierte en beneficio propio o de terceros".
Las acusaciones se refieren al presunto pedido de $2,5 millones para que no avance una causa sobre una cooperativa de viviendas y al pago de US$ 17.100 para intervenir en una denuncia contra el hijo de un productor agropecuario. El presidente y el gerente de la cooperativa Las Cañitas denunciaron que Rivarola se presentó en nombre de Viaut para frenar una causa por irregularidades, según publicó diario Perfil.