Sancionar las protestas, nuevamente en debate
Tras la presentación del proyecto que busca sancionar los reclamos en el espacio público, el docente Horacio Etchichury expresó que "cada vez que se busca agravar la pena para un grupo determinado, la ley debe explicar por qué se apunta a ese grupo en particular. Y esto es lo que los fundamentos del proyecto no aclaran".
El legislador Juan Manuel Cid (Hacemos por Córdoba) presentó un proyecto de ley que establece una serie de modificaciones a la normativa vigente para sancionar las protestas callejeras. Cid sostiene que "el derecho a reclamar es igual al de trabajar sin ser molestado", es decir, al derecho a circular libremente.
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De manera enfática, Cid expresó que su fuerza en la Legislatura busca "sancionar las manifestaciones callejeras”.
Horacio Etchichury, abogado y docente en la UNC, dio su interpretación del proyecto de Cid ante el equipo periodístico de Canal 10: "Cuando el Código de Convivencia colisiona con la Constitución Nacional, ésta prevalece".
Según el análisis de Etchichury, el proyecto de Cid, que en principio busca regular la colisión entre dos derechos, esto son el derecho de protesta y el de circulación, "lamentablemente -el proyecto- termina excluyendo el derecho a la protesta".
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"Cada vez que se busca agravar la pena para un grupo determinado, la ley debe explicar por qué se apunta a ese grupo en particular. Y esto es lo que los fundamentos del proyecto no aclaran", dijo Etchichury a Canal 10.
"Cuando la ley trata de una manera desigual a un grupo, sin justificarlo, se abre la posibilidad de cuestionarla como una ley discriminatoria", continuó el especialista en Derecho.
Y apuntó a lo que él considera lo más grave del cuadro de situación: "Lo más preocupante es que se castiga a las personas que revuelven en la basura para buscar alimento. Eso significa que el Estado, en vez de asumir su responsabilidad frente al problema del hambre, decide cobrar una multa o fijar días de arresto".
El legislador, por su parte, sostiene que es una contradicción flagrante que, en muchos casos, quienes realizan estas marchas que atentan contra el normal desempeño de la ciudadanía sean los mismos que perciben ayudas sociales.
El espacio público y el derecho a la protesta, otra vez en debate.