Tráfico de drogas, lavado de activos y hasta un muerto: las bajas penas a los condenados

Luego de cinco años de todo tipo de ilícitos, en los que se vieron involucrados encumbrados miembros de la Policía de Córdoba, el denominado “Narcoescándalo de Río Cuarto” tuvo este viernes uno de sus  últimos capítulos: por acogerse a un "juicio abreviado" los integrantes de la banda del "Zar de la Droga" y un ex jefe policial recibieron penas y multas bajas, teniendo en cuenta los delitos que se les imputaron.

Por tráfico de droga, lavado millonario de dinero, amenazas a un juez y hasta el crimen de un presunto miembro de la banda (Claudio Torres) perpetrado por sicarios, los 13  acusados, entre ellos el exjefe de Investigaciones de Policía de Córdoba, Gustavo Oyarzábal , recibieron penas menores a los cinco años y cuatro meses. 

No obstante, se acordó un decomiso millonario de bienes mal habidos. 

Según publica La Voz, el fiscal general Carlos Gonella pidió la absolución por narcotráfico de Andrés Rivarola,  uno de los imputados como cabecillas de la organización y convino con las defensas de los imputados  el decomiso de suntuosos bienes provenientes del lavado.

Además, el funcionario judicial dispuso un cambio de carátula que benefició a los condenados y acordó penas menores a los cinco años y cuatro meses, para todos. Con la calificación anterior, establecida por el juez Carlos Ochoa, el mínimo de pena para los jefes de la organización hubiera sido ocho años.

Según interpretó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF ")  , atento a la prueba reunida, en la mayoría de los casos sólo hubo“ hechos puntuales ”de lavado de activos, sin que pudiera verificar  el requisito de la“ habitualidad ”para aplicar un tipo  agravado penal.

La causa que estremeció a Río Cuarto

La investigación por tráfico de drogas y lavado de dinero en la ciudad del sur de Córdoba se abrió en el 2014 en el Juzgado Federal de Río Cuarto a raíz de la denuncia de dos gendarmes, que luego fueron detenidos  por denuncias internas. 

Luego de que se filtraran escuchas de la Policía Federal y sospechas contra ex jefes policiales de la Provincia, la investigación pasó a manos de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Su titular y el propio juez federal Carlos Ochoa fueron amenazados de muerte a principios de enero del 2019.

Justamente el 16 de ese mismo mes tuvo lugar el hecho que más conmoción causó y aceleró la investigación:  en barrio Fénix de Río Cuarto, presuntos sicarios acribillaron a balazos a un integrante de la banda, el llamado “zar de la droga”, Claudio Torres , homicidio que aún está impune.

La conmoción social y la presión mediática llevó a la PSA a ordenar centenares de allanamientos, secuestros millonarios de vehículos, joyas y armas.

De acuerdo con lo que informa La Voz, e n febrero del 2019 se ordenó  la detención de gran parte de los sospechados desde el 2014 y en el 2020 la causa fue elevada a juicio con los  13 imputados que llegaron a un acuerdo con la justicia.  

Quiénes son los beneficiados por el juicio abreviado y qué condena tuvieron:

Según la investigación del juez Ochoa los  jefes de la organización eran Andrés Hernán Rivarola (46); su hermano menor, Mariano Rivarola (40), con antecedentes penales computables; Cristian Ortiz (43), que estuvo nueve meses prófugo, y Gabriel Bossi (42), quien llegaba de viaje con Torres en un Audi TT, el día en que lo asesinaron . Bossi es el ex yerno de José Vargas, condenado por el secuestro del joven desaparecido Nicolás Sabena. Además, tiene antecedentes por robo de caja fuerte y otros hechos.

Por el acuerdo  entre la Fiscalía y la defensa, a Mariano Rivarola le dieron cinco años y cuatro meses de prisión, unificados con otros cinco que tenía por el robo a la mutual de Devoto (2015).

A Andrés Hernán Rivarola, por “lavado de activos” le dieron cuatro años y un mes de prisión, y la multa correspondiente al dinero que admitió haber movilizado. Debido al tiempo lleva detenido y la pena acordada con la fiscalía, su abogado solicitó la excarcelación, a lo cual Gonella no puso objeciones. 

Bossi acordó una condena de cinco años porque la asociación ilícita y lavado se le unifica con una condena de tres años y seis meses de prisión que tiene por un hecho anterior.

A  Ortiz, que estuvo varios meses prófugos, se lo condenó  como “coautor de asociación ilícita, en concurso con lavado, agravado por habitualidad y partícipe necesario de encubrimiento, uso de instrumento público falso y falsificación de documento”, con una pena de  cinco años y dos meses de prisión, que se le unifican con la condena a tres años que le impusieron en San Francisco, también por el robo a la mutual de Devoto.

A los considerados partícipes necesarios de asociación ilícita y lavado agravado, fueron condenados del siguiente modo:  Cristian Berti (46), a cuatro años de prisión ya Jorge Etcharren (34) y Franco Soffli (27), hijo de Claudio Torres, a tres años de prisión cada uno, en ambos casos de ejecución condicional.

Marcelino Samuel Mansilla  (42), dirigente de la juventud del Surrbac, presentó sus recibos de sueldo de Cotreco (donde trabaja desde el 2015) y constancias de tareas sociales en comedores comunitarios, por lo que tampoco hubo objeciones a que mantuvieron su libertad condicional. Mansilla convino una pena de tres años de prisión por asociación ilícita y lavado que se le unifica con una condena de 12 años de prisión que tuvo en el 2008 en Puerto Madryn, pero mantendrá el beneficio de la libertad condicional.

Como partícipes secundarios de asociación ilícita, Mariano Nicolás Peirano (27) y María Luz Montoya (24) también acordaron una pena de dos años y seis meses de prisión condicional.

Por su parte, el ex jefe de Policía de Río Cuarto, Gustavo Oyarzábal (43) admitió haber sido partícipe necesario de la asociación ilícita dedicada al narcotráfico y negoció una condena de cuatro años y diez meses de prisión e inhabilitación especial por siete años. Oyarzábal también tiene un juicio pendiente en los Tribunales provinciales por presunto encubrimiento en el caso Nicolás Sabena.

Tanto la pareja de Bossi, Tatiana Gallo (29), como Mario Battistini (41), admitieron haber sido partícipes necesarios del delito de lavado de activos y lograron una pena condicional de tres años.

Millonario decomiso de bienes

De acuerdo a lo publicado por La Voz, de l total de autos, camionetas, electrodomésticos, joyas y motos oportunamente secuestrados por el Juzgado Federal, serán decomisados ​​22 vehículos, siete relojes y dos anillos marca Bulgari. También quedarán en manos del Estado dos viviendas, dos departamentos de alta gama y tres cocheras en el edificio Alma, de Río Cuarto, y así como las cabañas “Paraíso Escondido”, de Alpa Corral.