Bombas y amenzas a los "conadepianos": marcha por la paz y la democracia
La mano de obra desocupada de los grupos de tarea reparte explosivos y advertencias contra quienes los investigan. No están dispuestos a comparecer ante la Justicia. En Córdoba, decenas de miles de personas marcharon en silencio, encabezadas por referentes de derechos humanos, para pedir por la paz y la democracia.
El sábado 4 de agosto de 1984 a las 4.40 de la madrugada, una poderosa bomba explotó en el frente de la casa de uno de los integrantes del comité de notables de la Delegación Córdoba de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
Después de haber ido a una función de teatro en el centro de la ciudad, Rodolfo Barraco Aguirre dormía con su esposa y dos nietos −Diego y Rodrigo, de 11 y 12 años−, en Victorino Rodríguez 1463, Cerro de las Rosas. Ninguno sufrió daños físicos que requirieran atención médica, pero un policía que custodiaba la casa debió ser internado por las heridas recibidas.
La explosión hizo un profundo boquete en la fachada y socavó seriamente la estructura de la casa. La puerta de entrada, de enorme grosor, resultó despedida por un pasillo de 15 metros y fue a parar debajo de la cama del matrimonio. El auto que estaba en el taller quedó muy dañado y estallaron los vidrios de la vecindad.
El ministro del Interior Antonio Tróccoli calificó al atentado como sumamente grave y lo atribuyó a la mano de obra desocupada.
Barraco Aguirre no dudó en apuntar hacia las fuerzas de seguridad de la dictadura que lejos de estar desocupadas permanecían intactas a pesar del gobierno de la democracia. Calculó que la bomba había sido una carga de trotyl, no disponible en el comercio. “Es un explosivo que solamente tienen determinadas instituciones. No hay al respecto duda alguna. Todos sabemos de qué y de quién se trata”, dijo, y advirtió: “Estos hechos son imparables si no se toman las medidas concretas”.
“La democracia no es blandenguería. Mi temor no es tanto el daño personal, sino que puede ser el comienzo de una nueva escalada de violencia”, advirtió Barraco Aguirre al día siguiente del atentado.
No era un hecho aislado.
A Rodolfo Barraco Aguirre lo intimidaban desde hacía bastante tiempo. “La primera amenaza la tuve al día siguiente de hacer la denuncia del caso La Perla ante la Justicia Federal. Dijeron que me estaba metiendo en lo hondo; que ya había muchos desaparecidos y que podría haber muchos más”. También amenazaron a su esposa.
Los militares no estaban dispuestos a comparecer ante ningún tribunal por sus actos. El atentado contra Barraco Aguirre fue casi en simultáneo a la denuncia de la Conadep sobre los crímenes en la Casa de Hidráulica: en 1978, a 150 metros del lugar, personal de la Dirección Provincial de Náutica, Caza y Pesca encontró un cadáver de varón, semienterrado, atado de pies y manos, con huellas de golpes y quemaduras. El juez militar Timoteo Gordillo intentó desactivar la denuncia pero el juez federal Miguel Julio Rodríguez Villafañe se declaró competente para investigarla.
Casi en simultáneo estalló otra bomba en la CGT de Rodríguez Peña en el barrio Clínicas, y otra más en un local del peronismo en Nueva Córdoba. A fines de agosto el gobernador Angeloz dijo conocer que en un comunicado de un grupo de tareas Cáceres Monié se amenazaba con asesinar a los integrantes de la Conadep, al ministro de Educación Jorge Peyrano y al intendente de la ciudad de Córdoba, el radical Ramón Bautista Mestre.
Sin discriminar, la mano de obra desocupada estaba muy activa.
Las bombas, amedrentamientos y amenazas ocurrían aquí pero en paralelo en Buenos Aires y numerosas ciudades del país que investigaban los delitos de lesa humanidad. Inclusive en una ciudad pequeña como Río Cuarto, donde el diario Puntal debió ser desalojado un par de veces luego de recibir amenazas de bomba en el teléfono.
El repudio fue unánime. Partidos políticos de todo color, sindicatos, centros de estudiantes, autoridades universitarias, juventudes políticas, organismos de derechos humanos y hasta el Arzobispado, rechazaron el clima de intimidación que se vivía en esos días del atentado al dirigente de la Conadep Córdoba.
Convocada por la Asamblea en Defensa de la Vida y las Instituciones del Pueblo, el 14 de agosto de 1984 a las seis y media de la tarde una imponente multitud partió desde la plaza Colón y una hora y media más tarde arribó a la ex plaza Vélez Sársfield.
Una presencia multisectorial que congregó a más de 50.000 personas, redominantemente jóvenes. Al frente, las Juventudes Políticas que desplegaron su cartel Por la vida, la paz y la democracia. Detrás, dirigentes de todos los partidos: Roberto Llorens (UCR), Raúl Bercovich Rodríguez (PJ), Albino Serafín (Partido Intransigente), Rubén Trecco del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Ángel Manzur, de la Democracia Cristiana, Víctor Vallejos del Partido Socialista Popular, Ricardo Clementi (Partido Comunista), Sofanor Novillo Corvalán (Partido Demócrata), y una nutrida delegación sindical con el titular de la CGT, Miguel Correa, a la cabeza.
Importante presencia de defensores de derechos humanos: Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el cura Antonio Puigjané y el diputado nacional Augusto Conte, destacados militantes contra la dictadura militar. Viajaron desde Buenos Aires para asistir a la marcha. Un poco más atrás Luis Rébora, presidente de la Conadep Córdoba, y el rector de la Universidad Nacional, Mario Piantoni. Aunque se había especulado con su presencia, el gobernador Eduardo César Angeloz no asistió.
Fue una marcha de silencio, interrumpido por momentos con algunos cántitos de la Juventud Peronista: Qué bronca, qué bronca que me da, los compañeros presos, Menéndez en libertad. Cuando la multitud circulaba frente a la Iglesia Santo Domingo, en Vélez Sarsfield y Deán Funes, sonaron las campanas.
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que se había opuesto a la creación de la Conadep, al hablar con la prensa reclamó nuevamente una comisión bicameral, y el desmonte del aparato represivo. “Siguen impunes los crímenes; el general Menéndez todavía dando vueltas. Hasta ahora no hay una sentencia militar y en cambio continúan los atentados”, disparó.
En la Legislastura, mientras el radical Jorge Stolkiner atribuyó los atentados a la derecha, el peronista Tránsito Rigatuso dijo que había sido la ultraizquierda. A Rigatuso se lo acusaba de entregar listas de estudiantes de la Escuela de Comercio Manuel Belgrano que luego fueron secuestrados y desaparecidos.
El atentado a Barraco Aguirre generó una movilización muy grande que me entusiasmó −dijo Miguel Apontes en su tesminonio para el libro Si te dicen que no es cierto, memorias de la Conadep Córdoba. Miguel Apontes trabajó en el Área Verificación y Procedimientos de la Comisión. Su hermano, José Antonio Apontes, fue secuestrado de la casa de Cofico donde vivía, el 18 de mayo de 1976. Continúa desaparecido.
“Me entusiasmó porque por primera vez vi, por ejemplo, Canal 10 y Radio Universidad asumieron la publicidad abierta y la marcha estuvo encabezada por toda la oposición de ese momento. Llegó Hebe de Bonafini, llegaron gentes de Buenos Aires. Fue una movilización muy importante”, recuerda Miguel Apontes.
Mezclada entre la multitud que participó de la marcha la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini le dijo a La Voz del Interior: “Hay terrorismo de Estado porque terroristas como el general Menéndez y todos los que lo acompañaron en la represión siguen impunes”. La Justicia “es la misma y cómplice del proceso. El 50 por ciento de los jueces que le dijeron sí a los militares ahora fueron confirmados. Creo que esos magistrados hoy no pueden hacer justicia (…) Esta respuesta popular excelente es la única manera de que todos los argentinos respalden al dr. Alfonsín diciéndole no a todo tipo de violencia”.