Joaquín Paredes, el crimen policial que acabó con la paz de un pueblo chico

A eso de las 4 de la mañana del domingo 25 de octubre de 2020, Joaquín Paredes y un grupo de amigos escuchaban música y tomaban algo en un espacio público de Paso Viejo, en el departamento Cruz del Eje. Estaban entre el dispensario y la radio del pueblo cuando un móvil policial se detuvo frente a ellos y sus ocupantes les ordenaron retirarse. No les dieron ni un minuto para cumplir la orden. Junto a otro vehículo policial dieron la vuelta a la manzana, descendieron y ante la huida de los jóvenes efectuaron varios disparos. Uno de ellos impactó en la espalda de Paredes, que cayó al piso.

“¡Le pegaron a Joaquín! ¡Que alguien nos ayude! ¡Una ambulancia!”, los escuchó gritar una vecina. “Los chicos empezaron a golpear en el dispensario para que los atendieran. Supuestamente, la enfermera que tenía miedo no quiso salir. Joaquín Paredes estaba herido y había dos más. Y supuestamente, la ambulancia no podía salir porque no tenía autorización. Los chicos vinieron acá a la Policía, y los corrieron a balazos. La balacera era terrible. Yo vivo a dos cuadras y media y llegaban las balas ahí. Cuando lo llevaron a Joaquín ya habían pasado más de cuarenta minutos y lamentablemente… estaba muerto”, contó la mujer.

También aseguró que los jóvenes no estaban armados ni hacían otra cosa que beber y escuchar música. Además de Joaquin, que tenía 15 años, sufrieron heridas de bala calibre 9 milímetros Jorge Navarro (18) –en el tobillo y la pantorrilla izquierda–, y Brian Villagra (15) –en el brazo derecho–, además de una fractura de fémur, aparentemente producto de la caída. 

Mientras tanto, con la Policía ausente en la escena del crimen y las víctimas sin auxilio institucional, la noticia corrió entre los habitantes de Paso Viejo. La impotencia trocó en indignación. Hubo protestas frente a la comisaría y el dispensario municipal, donde se registraron algunos enfrentamientos y roturas.

Joaquín murió horas después en el hospital. Durante la mañana del día siguiente, la fiscal de Cruz del Eje Fabiana Pochettino se trasladó a Paso Viejo y ordenó el apartamiento y detención de los cinco policías involucrados. Los agentes Enzo Ricardo Alvarado (28), Maykel Mercedes López (24), Iván Alexis Luna (25), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) y el sargento Jorge Luis Gómez (33) comenzaron a ser investigados. 

El juicio por el asesinato de Joaquín Paredes comenzará el próximo 30 de mayo, en los Tribunales de Cruz del Eje. Aunque la querella que representa a la familia sostiene que los cinco policías intervinientes son coautores del crimen, hay sólo un oficial imputado y detenido por homicidio agravado por el uso de armas: Maykel López. Mientras que los cuatro restantes están acusados por incumplimiento de deberes, disparos de armas de fuego y amenazas.

Una versión para “culpar a la víctima”

La versión oficial, emitida desde la Dirección General Departamentales Norte de la Policía, indica que hubo una denuncia anónima al 101 porque alrededor de veinte personas “estaban causando disturbios”. Al acudir al lugar y “verse superados en número por los agresores”, efectuaron disparos al aire para intentar disuadirlos. El relato se contradice con el citado y otros testimonios de vecinos. 

El caso ocurrió solo dos meses después del asesinato a manos de efectivos policiales de Valentino Blas Correas, en Córdoba. La versión oficial, casi de manual en casos de violencia institucional, apuntó primero a responsabilizar a la víctima. Llegaron, incluso, a plantar un arma, como quedó demostrado en el juicio.

“Está circulando mucha información errónea y claramente es una estrategia de la policía, pero nada de eso es verdad. Están mezclando lo que pasó después, cuando unos veinte vecinos en medio del dolor por la muerte de Joaquín Paredes fueron a la comisaría y rompieron la ventana y una luneta de un móvil policial. Son los mismos vecinos que tuvieron que auxiliar a los chicos, algunos llevando a los heridos a Cruz del Eje en sus autos particulares y otros que se quedaron con Joaquín en el piso”, dijo por entonces Susana Rosales, ex profesora del chico Paredes en el IPEA N° 306 de Paso Viejo.

Respuesta oficial: El protocolo “Joaquín”

En lugar de recambios de cúpulas policiales y/o ministeriales, esta vez hubo una respuesta oficial distinta: el esbozo de un marco regulatorio para evitar la violencia desmesurada y a la postre criminal de la fuerza de seguridad pública. El Protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza en la provincia de Córdoba, elaborado por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, la Policía y el Ministerio Público Fiscal, se inspira en el “paradigma de la policía de proximidad”, que “implica el trabajo policial profesional en el desarrollo de estrategias de prevención y conjuración del delito y la promoción de la convivencia, construyendo lazos de confianza con la ciudadanía”.

En el artículo 8, que establece el “uso prohibido de la fuerza”, el ítem l indica: “Utilizar el arma de fuego directamente o como herramienta de disuasión frente a la huida de un control vehicular, la fuga de una persona legalmente aprehendida o perseguida para aprehender o la falta de cumplimiento de una orden verbal, salvo que se encuentre en riesgo inmediato, inminente y grave la vida del personal policial y/o la de terceras personas”. Exactamente lo que ocurrió en los últimos trágicos casos de gatillo fácil en Córdoba. El Artículo 11, titulado Asistencia a post intervención y comunicación a familiar, dice: “Si del uso de la fuerza derivara en una afectación a la integridad física o psíquica de una persona, el personal policial interviniente deberá procurar de forma inmediata su asistencia médica”. Exactamente lo que no ocurrió.

Como la Ley Micaela –que obliga a capacitarse en género y violencia de género a quienes ocupan cargos públicos– debe su nombre a Micaela García, aquella joven militante del Movimiento Evita que en 2017 fue violada y asesinada a la salida de una discoteca en Gualeguay, así este protocolo por lo menos debería llevar el nombre de la última víctima del abuso policial en la provincia. Si es que con esta norma se pretende iniciar el camino de un Nunca Más a la violencia institucional.

Joaquín Paredes fue la séptima víctima de la violencia policial en Córdoba durante el aislamiento social y preventivo decretado por la pandemia del Coronavirus. Algunos casos, mostraron esa tendencia a disparar ante la mera sospecha o el no acatamiento de una orden de detención, entre otros abusos que el nuevo protocolo pretende evitar.

El caso de Joaquín Paredes tuvo como escenario un tranquilo pueblo del noroeste cordobés, cuyos habitantes no se imaginaban despertar un domingo a sangre, fuego y muerte.