Brasil: 17 años de cárcel para el primer condenado por el intento de golpe contra Lula
El Tribunal Supremo emitió un "castigo ejemplar" en el marco de la megacausa que tiene más de 1.300 imputados. Jair Bolsonaro, el expresidente, es investigado por los mismos hechos.
Aécio Lucio Costa Pereira, un funcionario de 51 años, fue uno de los miles de brasileros y brasileras que entraron en turba a los edificios y despachos de las principales instituciones políticas del país. Costa Pereira vestía, durante el 8 de enero último, una remera con la leyenda "Intervención Militar Federal".
Los jueces del Tribunal Supremo le han impuesto a Costa Pereira (nueve votos contra dos) una condena de 17 años de cárcel por cinco delitos incluidos los de abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado, además de daños al patrimonio. Se convierte así en el primer condenado en una megacausa que tendrá trascendencia histórica.
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Los dos jueces que discreparon con el veredicto alegaron que el acusado no cometió un delito de golpe de Estado, por lo que pedían penas más leves. Ambos magistrados fueron designados en su momento por Jair Bolsonaro; el expresidente es la principal figura política investigada por los sucesos de Brasilia.
Costa Pereira siguió el juicio desde la cárcel en la que está desde el mismo 8 de enero. Su intención manifiesta de estar presente en los tribunales le fue negada por parte del juez Alexandre de Moraes.
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El ahora condenado pecó de ingenuo: una de las principales piezas probatorias fue la propia grabación que Costa Pereira hizo desde los despachos y espacios del Senado. El hombre difundió tres videos en los que amenazaba con defecar en los salones, entre otras estupideces. Durante la jornada sucedieron sin duda los hechos más grave desde que Brasil recuperó la democracia, a fines de los ochenta
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Con el objetivo claro de persuadir nuevas aventuras, el Tribunal Supremo buscó dar con la sentencia un ejemplo democrático. Comienza así la extensa resolución de las más de 1.300 imputaciones que arrojó la invasión y destrozos de las sede de los Tres Poderes.
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La resolución de fondo deberá establecer si los eventos se enmarcaron en un intento de golpe de Estado, como sostiene la mayoría del Tribunal en primera instancia o, por el contrario, si lo ocurrido puede considerarse mero vandalismo, algo difícil de sostener cuando se piensa en la barbarie desatada en las principales instituciones del país, apenas ocho días después de asumido un gobierno elegido en las urnas.