En diálogo con Cba24n.com.ar el investigador dijo que la delincuencia está estrechamente relacionada con las pandillas, formadas principalmente por jóvenes de estratos sociales bajos, pero también de otros estratos. Estas pandillas controlaban territorios y manejaban la economía en sus comunidades.

Fagoada manifestó que en los últimos años se ha registrado una reducción en las tasas de homicidios, lo que ha sido atribuido en parte a la estrategia de mano dura implementada por el gobierno de Nayib Bukele. Esta reducción no puede ser atribuida únicamente a medidas punitivas y otras variables, como el aumento de la presencia policial en las calles, la mejora en la capacidad de investigación y la implementación de programas de prevención del delito, también pueden haber contribuido a la reducción de las tasas de homicidios en El Salvador expresó el investigador. 

“El presidente Nayib Bukele ha implementado varias medidas para combatir la delincuencia y reducir la influencia de las pandillas. Una de estas medidas ha sido el control y la limitación de la comunicación de los pandilleros en las cárceles del país, que tradicionalmente han sido utilizadas como centros de operaciones para las pandillas.”, puntualizó el sociólogo e investigador. 

Al mismo tiempo Fagoada aclaró que la violencia en El Salvador también está relacionada con diferentes factores, como la pobreza, la desigualdad económica, la exclusión social, la falta de oportunidades, el narcotráfico y la presencia de pandillas y otros grupos criminales. "La violencia ha tenido un impacto particularmente grave en las mujeres, quienes han sido víctimas de violencia sexual, feminicidios y otras formas de violencia de género. 

Si bien en los últimos años ha logrado reducir significativamente las tasas de homicidios, pero todavía enfrenta desafíos importantes en términos de seguridad pública, reducción de la violencia. Muchas de estas medidas han sido vistas como ilegítimas y han sido cuestionadas por gran parte de la sociedad, lo que plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles.