La Convención Constitucional chilena, que redactará la nueva Carta Fundamental a partir del próximo mes, estará marcada por la diversidad: no sólo se incorporó un cupo para los pueblos aborígenes sino que será la primera Convención Constitucional en el mundo con paridad de género. También estará marcada por la declinación de la influencia que tendrán los partidos tradicionales, de las grandes coaliciones post Pinochet. 

Con cerca de un 90% de las mesas escrutadas a nivel nacional, los independientes habrían conseguido 30 de los 155 puestos en el órgano constituyente, muy por encima de lo que vaticinaban las voces del mundo político. La derecha oficialista del presidente Sebastián Piñera ha sufrido una fuerte derrota. De la mano del Partido Republicano, de extrema derecha, no alcanzó el tercio de la convención, necesaria para poder negociar las normas de la nueva Constitución: habría logrado solo 39 escaños, según el escrutinio, y necesita al menos 52. 

Dos coaliciones de centroizquierda se desgajaron de la fuerza que gobernó Chile entre 1990 y 201. Por un lado, la lista Apruebo habría obtenido 25 puestos, aglutinando a buena parte de la burocracia de izquierda surgida de aquella experiencia. Quedaron por debajo de la lista Apruebo Dignidad, que conformaron los comunistas y el Frente Amplio, que se estaría quedando con 28 puestos en la convención.

En simultáneo se desarrollaron este fin de semana elecciones constituyentes, de gobernadores regionales y las municipales (de alcaldes y concejales). Pero el voto en las constituyentes era el de mayor importancia por sus implicaciones en el destino del país: los 155 miembros de la convención tendrán en sus manos la redacción de la nueva Carta Fundamental, que reemplazará a la vigente.

Nacida en 1980, en la dictadura de Augusto Pinochet, tiene una cincuentena de reformas, en su mayoría de finales del régimen militar y del Gobierno de Ricardo Lagos (2005). 

Cuando en octubre de 2019 el estallido social puso contra las cuerdas a la democracia chilena, la clase política ofreció el camino constituyente como la única vía para canalizar las demandas sociales institucionalmente.

La Convención Constituyente será muy diversa y con poco control de las estructuras tradicionales, por lo que se prevé que será complejo sellar acuerdos. Las estimaciones de las semanas previas indicaban que los independientes lograrían entre ocho y 16 escaños, dadas las dificultades para lograr cupos en un sistema que privilegiaba las listas dentro de los partidos. 

Fue por eso que muchos candidatos sin militancia en las estructuras tradicionales optaron por presentarse con el respaldo de diferentes colectivos, por lo que la cantidad de convencionales (miembros de la Convención Constituyente) que no le rendirá cuentas a los partidos y a las coaliciones grandes será casi la mayoría del cuerpo.

“La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje, tanto al Gobierno como a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con sus demandas y anhelos”, dijo el presidente Sebastián Piñera, desde La Moneda; lo obvio desde mucho antes del estallido social. 
La derecha ha sufrido una herida profunda. No solo no alcanzó el tercio de la convención, lo que la deja en una situación de debilidad, sino que perdió municipios importantes, como Maipú, Estación Central y Viña del Mar. El Partido Comunista, en tanto, le arrebató la alcaldía de Santiago, la de mayor simbolismo.

Las elecciones se han desarrollado impecablemente, a pesar de la complejidad que supuso votar en dos jornadas, para prevenir aglomeraciones en medio de la pandemia. Unos 14,9 millones de ciudadanos estaban convocados para elegir a los 155 redactores de la nueva Constitución, que conformarán un órgano paritario entre hombres y mujeres y con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. 

Los electores debían escoger, además, a los gobernadores regionales y a las autoridades municipales (alcaldes y concejales). Una votación compleja, con cuatro votos y una gran cantidad de postulantes. Es la primera vez, además, que un país de Latinoamérica programa dos jornadas de sufragios por la pandemia de covid-19, lo que ha cambiado los hábitos de los electores, acostumbrados a votar solo en domingo. El sábado las urnas quedaron al resguardo de las Fuerzas Armadas y del Servicio Electoral (Servel), sin que se registraran incidentes.

De acuerdo a las proyecciones, habría votado menos del 40% del padrón, lejos del 51% que participó en el referéndum que determinó el reemplazo de la carta magna. Por un parte, se trata de un contexto adverso: en medio de una pandemia con 37.617 casos activos, una crisis económica que dificulta incluso el pago del transporte público para concurrir a locales que muchas veces quedan lejos de los domicilios, la postergación de esta elección (que estaba programada originalmente para abril) y la dificultad propia de un proceso con cuatro votaciones simultáneas.

La participación inquieta a las autoridades y expertos, sobre todo con miras a la legitimidad del proceso constituyente, que reordenará a Chile. Se trata de la elección de mayor importancia en la historia reciente de Chile. Hubo una oferta de candidatos como nunca antes. En un contexto de baja legitimidad de los partidos políticos, un 68% de los candidatos a la convención no militan en ninguna colectividad. 

Con el sufragio voluntario que se implementó en 2012, la participación cayó desde el 87% en 1989 hasta un mínimo histórico del 36% en las penúltimas municipales de 2016. En el referéndum constitucional de octubre pasado, donde el 80% de la gente optó por cambiar la Constitución vigente, la participación llegó al 50,91%. Pese a la importancia del referéndum de hace siete meses, la mitad de los electores optó entonces por no concurrir a sufragar.

Con la Convención Constituyente que comenzará sus funciones en junio, Chile se redefinirá en asuntos fundamentales. El órgano discutirá su régimen político y sistema de Gobierno, porque existe algún consenso en que el presidencialismo a la chilena —exacerbado— mostró deficiencias con las revueltas de octubre de 2019. Se debatirá sobre la descentralización y regionalización, en un Estado unitario y fuertemente centralizado en la capital, como el chileno. 

Los 155 constituyentes deberán acordar diferentes asuntos relativos a los pueblos originarios, como su reconocimiento expreso en la Constitución o la plurinacionalidad. Es un tema central, dado los históricos problemas de relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno que tienen a la región de la Araucanía en una escalada de violencia. El órgano constituyente discutirá el modelo de desarrollo económico, el destino de instituciones como el Tribunal Constitucional, el modelo del Estado –los derechos económicos y sociales son debates calientes– y asuntos especialmente sensibles para los mercados, como la autonomía del Banco Central.