Sara Rogel García debería estar encerrada en su casa haciendo cuarentena y no atrapada en una cárcel, condenada a 30 años por homicidio agravado. Su nombre está en la lista de mujeres detenidas injustamente en El Salvador. Se resbaló en el patio de su casa y el accidente terminó en un aborto involuntario. Fue detenida en el hospital, cuando suplicaba atención, y de allí fue llevada a prisión. Tenía 22 años, ya tiene 30. Hace cinco meses el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU le pidió al Gobierno la liberación inmediata de tres mujeres, entre esas ella. Su familia la sigue esperando.

“No hemos podido hablar ni por teléfono. Me dicen que está bien, que no nos preocupemos”, cuenta Ángel, su papá, desde Santa Cruz Analquito, en el departamento de Cuscatlán, a unas dos horas de la reclusión de Zacatecoluca, donde está Sara. La pandemia complicó aún más las visitas que siempre dependían de si tenía con qué pagar el transporte hasta la cárcel. Ángel trabaja seis horas diarias para ganarse cinco dólares y con eso viven él y su mujer, enferma desde que encarcelaron a su hija. “Vivimos atormentados. Mi esposa está mal de tanto pensar en que Sara está detenida y no sabemos nada”.

La última vez que se vieron ella estaba muy entusiasmada con el llamado de la ONU, cuenta su papá. Ahora no lo debe estar tanto porque el Gobierno no ha respondido a la exigencia de liberarlas. El virus ha sido una excusa para que el presidente Nayib Bukele pase por encima incluso de la Corte Suprema, que desde el inicio de la crisis sanitaria ha protestado por las medidas que ha tomado el mandatario para que los ciudadanos cumplan con el confinamiento. En lugar de atender los llamados internacionales que piden sacar gente de la cárcel, Bukele ha perseguido y detenido a quienes no siguen las medidas.

Que haya gente encarcelada injustamente es normal en El Salvador, como denuncian grupos de derechos humanos. Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, lleva años visibilizando la pesadilla de ser mujer allí. “Acá no importa la vida de las mujeres. En general las condiciones de los centros penitenciarios son de hacinamiento y ahora es imposible que se puedan distanciar físicamente para evitar el contagio”. La activista se ha comprometido con estas mujeres y ha logrado que más de diez queden libres. Todavía hay 18 con condenas firmes y dos con procesos judiciales abiertos.

Catalina Martínez, directora para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos, espera avances en los procesos de revisión de sentencia. El éxito en el caso de María Teresa Rivera —libre desde 2016— les ánima a insistir por ahí. Había sido condenada a 40 años por un aborto espontáneo y tras cuatro encarcelada logró salir. “Es el mecanismo más importante de todos porque permite que los jueces vean las fallas que hubo en los procesos y en las condenas”. El problema es que los jueces que revisan las sentencias son los mismos que las dictan. No hay segunda instancia y eso complica algunos casos. En el de Sara Rogel, si el Gobierno no cumple la petición de la ONU, seguirán intentando que salga de la cárcel antes de que se cumpla la pena con una conmutación de sentencia. Así han quedado libres ocho mujeres, aunque siguen con procesos en la justicia. “Falta reparación, que digan que no son criminales. Salir de cárcel no quiere decir que el proceso muera”, reclama Martínez.

Las organizaciones esperan que el próximo paso sea que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establezca estándares para la atención a emergencias obstétricas con un pronunciamiento sobre el caso de Manuela, una salvadoreña que murió estando condenada injustamente. Desde 1998 —cuando se penalizó de forma absoluta— hasta 2019, al menos 180 mujeres fueron detenidas sin razón y condenadas por abortar con penas hasta de 50 años.