El presidente chileno, Sebastián Piñera, concretó ayer su cambio de Gabinete, 10 días después del estallido de las protestas en Chile que han dejado al menos 20 muertos y golpeado la popularidad del mandatario, que se encuentra en un piso histórico de apenas 14%.

El presidente produjo reemplazos en ocho carteras, entre ellas las de Interior y Hacienda. Busca enfrentar la mayor crisis política y social que vive el país desde el regreso de la democracia en 1990.

El Partido Comunista y el Frente Amplio de izquierda buscan la salida de Piñera con la presentación en el Congreso de una acusación constitucional, y desde el resto del arco de izquierda se promueve una reforma constitucional, que debería convocar el propio Piñera. Mientras tanto se espera hoy una nueva concentración frente al palacio de La Moneda.

A Piñera no le quedó otra opción que remover del cargo de ministro de Interior y Seguridad Pública. Andrés Chadwick Piñera es el primo y hombre de confianza del mandatario, al cual se había negado a sacar de La Moneda en otras ocasiones. Al cargo llega Gonzalo Blumel, de 41 años, que hasta ahora se desempeñaba como ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

El segundo cambio profundo ha sido la destitución de su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tras encender la mecha de la indignación ciudadana. Al anunciar las cifras del IPC de septiembre, Larraín hizo un llamamiento "a comprar flores", cuyo precio había disminuido, a "los románticos” que se manifestaban. Fue visto como una provocación por la población que se siente al margen de la senda de crecimiento de Chile en los últimos 30 años.

Otro de los que sale del Gabinete es Juan Andrés Fontaine, que lideraba el Ministerio de Economía. Su permanencia parecía insostenible desde que hiciera un llamamiento a los habitantes de Santiago a levantarse todavía más temprano para ir a sus trabajos y, de esa forma, aprovechar la tarifa más baja de la madrugada para el metro. Sus palabras fueron otra provocación para los ciudadanos que, en promedio, pueden llegar a tardar hasta dos horas en traslados cada mañana.

Los cambios coinciden con el peor momento para la popularidad de Piñera. De acuerdo con la encuesta Cadem, difundida el fin de semana, el presidente chileno tiene un respaldo de un 14%, la cifra más baja que haya registrado un jefe de Estado desde 1990. El 78% de la población lo rechaza, superando el récord que hasta ahora registraba Michelle Bachelet, que obtuvo un 18% de apoyo y un 68% de desaprobación en marzo de 2016, durante su segundo mandato. El bajísimo respaldo de Piñera muestra que tanto el presidente como su Gobierno se hallan en el centro del malestar ciudadano.

El manejo de la crisis no ayudó. La tardanza en tomarle la temperatura a las protestas, iniciadas a comienzos de octubre por el aumento del boleto del metro, la salida del presidente a comer pizza cuando la crisis ya había estallado, la decisión –discutida todavía– de decretar el estado de emergencia en diferentes regiones, y las declaraciones del propio Piñera de que Chile "está en guerra", son algunos ejemplos. Su petición de perdón ante la ciudadanía, que sigue manifestándose en las calles, y el anuncio de un paquete de medidas sociales, no ha sido suficiente.

Luego de la concentración pacífica del viernes pasado —que solo en Santiago de Chile congregó más de un millón de personas— Piñera levantó el estado de emergencia en el país, que restringía las libertades de traslado y reunión, y mantenía a medio país bajo control de los militares.

Sin embargo, ya durante la ceremonia de traspaso, se puso de manifiesto que la movilización continúa. En Santiago, las personas se empezaron a reunir de forma pacífica pasado el mediodía en Plaza Italia, justo después de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara el cambio de gabinete.

A las 17.00 se sumaron más manifestantes en distintos ejes del centro de la capital que colmaron la Plaza Baquedano y la Alameda.

La idea de la convocatoria, difundida a través de redes sociales, era marchar a La Moneda. En medio de esa dinámica se vieron múltiples incidentes entre manifestantes y Fuerzas Especiales. Las barricadas fueron parte del escenario que se pudo observar y el humo cubrió por largo rato el centro de Santiago.

El Gobierno tiene además otro frente: las denuncias de atropellos a los derechos humanos que habrían cometido la policía y las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se han registrado 1.132 personas heridas y 3.243 detenidos, entre los que se cuentan 347 menores de edad. El organismo presentó ya 101 acciones judiciales: cinco querellas por homicidio, 18 por violencia sexual y 54 por torturas, entre otras. Mientras, el Gobierno espera la visita oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderado por Michelle Bachelet, antecesora socialista de Piñera.