La Comisión Europea aprobó esta semana un proyecto de directiva que amplía el listado de delitos medioambientales y prevé la imposición de sanciones más duras, incluidas fuertes penalizaciones económicas para las empresas infractoras y penas de prisión de al menos 10 años para las personas condenas por hechos graves. 

La nueva directiva busca reforzar la protección de la naturaleza y el medio ambiente y garantizar que en todos los países se impongan penas disuasorias suficientemente rigurosas para evitar, sobre todo, los daños deliberados o por negligencias.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, señaló tras la aprobación del proyecto que “dejar que los violadores de la ley actúen con impunidad socava nuestro esfuerzo colectivo para proteger la naturaleza y la biodiversidad, luchar contra la crisis climática, reducir la contaminación y eliminar residuos”. Y el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha recordado que “los delitos medioambientales causan un daño irreversible y a largo plazo para la salud humana y el medioambiente, pero a pesar de ello son difíciles de investigar y las sanciones tienden a ser leves”.

El proyecto de directiva establece nuevas categorías de delitos a nivel europeo, que deberán ser castigados con dureza por las normativas nacionales de cada país. Entre los nuevos delitos figuran el comercio ilegal de madera, el reciclado ilegal de barcos, la extracción ilegal de aguas, los vertidos de substancias tóxicas desde barcos, las violaciones graves de las normas sobre especies invasivas o las violaciones graves de la legislación sobre productos químicos.

Bruselas considera que las normativas nacionales sobre ese tipo de delitos divergen demasiado y, en general, son demasiado laxas y tolerantes con los infractores. Y apunta que las grandes empresas no evitan una infracción si perciben que solo afrontarán castigos de naturaleza administrativa. La Comisión señala como ejemplo de esa impunidad el caso de Volkswagen, que llevó a cabo una manipulación masiva de los motores para ocultar el nivel real de emisiones.

El proyecto de directiva pretende poner fin a esa impunidad. Y para ello, obligará a los Estados miembros a introducir penas adicionales a las multas. “En el caso de las empresas, esas penas adicionales suelen ser más disuasorias que la mera sanción económica”, apunta la Comisión Europea. Entre los castigos añadidos figuran la obligación de reparar el daño medioambiental causado, la exclusión de cualquier programa de ayuda pública, la retirada de permisos para ejercer la actividad en que se cometió la infracción, la liquidación judicial de la empresa o el cierre temporal de algunas de sus instalaciones.

Las personas responsables de delitos medioambientales que causen muertes o pongan en peligro la vida de las personas deberán ser condenadas además a una pena máxima de prisión de al menos 10 años, según el proyecto legislativo aprobado por la Comisión.

Daños irreparables

El texto precisa las circunstancias agravantes que deberán tomarse en cuenta para imponer los castigos más duros. Un listado que incluye el haber provocado un daño irreparable, haber utilizado documentación falsa o haber obtenido un gran beneficio económico con la infracción. La directiva también establece períodos mínimos para evitar la prescripción de los delitos. En los casos más graves, podrán investigarse y castigarse al menos hasta 10 años después de haber sido cometidos.

Bruselas espera que la directiva obligue a los Estados a endurecer la persecución y castigo de los delitos medioambientales. Y señala como área de especial preocupación el tráfico ilegal de madera, en auge en países como Rumania. La Comisión abrió un expediente en diciembre de 2020 contra ese país por incumplir las normativas comunitarias y mantener una vigilancia muy laxa sobre la explotación abusiva de los bosques. Los traficantes de madera incluso asesinaron el año pasado a dos guardias forestales que intentaban frenar su actividad.

La Comisión señala que el tráfico ilegal de madera solo se castiga con penas de prisión en 17 de los 27 países de la UE. Las normas nacionales también son muy benevolentes, según Bruselas, con la extracción ilegal de aguas, una actividad ilegal en la que “los chequeos son infrecuentes y las sanciones demasiado bajas”, según un reciente informe del Tribunal de Cuentas de la UE. Las sanciones también son demasiado bajas, según la Comisión, para los impulsores de proyectos inmobiliarios que no llevan a cabo un estudio de impacto medioambiental o que ejecutan las obras sin esperar la autorización necesaria.